Reportaje | Monforte en la Segunda República Las disposiciones legales que establecían la separación entre el Estado y la Iglesia originaron diversos conflictos en el municipio en los años treinta
16 dic 2006 . Actualizado a las 06:00 h.RELIGIÓN Y LAICISMO. El desalojo de una capilla en la planta baja del Concello causó una fuerte polémica. En la foto, la antigua casa consistorial antes de su actual transformación en museo del vino La mayor parte de los conflictos internos a los que tuvo que hacer frente la corporación monfortina constituida el 23 de junio de 1931 -además de a la demandas de las organizaciones obreras, la frontal oposición por parte de la CNT, y la crisis económica en determinados sectores de producción- fueron los referidos a asuntos religiosos, consecuencia de la clara política anticlerical promovida por los dirigentes estatales. Los gobiernos locales de izquierdas se ponían bajo su protección y justificación cuando se encontraban con alguna oposición. Las derechas pedían, al contrario, la retirada de una legislación considerada sectaria, que rompía con los privilegios tradicionales de los representantes de la Iglesia católica. Muchos y variados fueron los asuntos que debatieron los ediles monfortinos referentes a cuestiones eclesiásticas. Los primeros emergen con motivo de la secularización de los cementerios. Aunque desde la corporación monfortina, de mayoría agraria, se apostaba por la unificación de los dos camposantos, las posturas sobre cómo se debía llevar a la práctica diferían. El alcalde, Justo Mazaira Noguerol, proponía que fueran los familiares o en último caso el Ayuntamiento, en el caso de que no se conocieran herederos, los encargados de exhumar los cadáveres enterrados en el cementerio civil para su traslado al religioso. Por su parte, el portavoz socialista, Juan Tizón Herreros, se oponía a que se obligara a desenterrar los restos de personas cuyas familias no quisieran y proponía tirar el muro que separaba los dos camposantos. Finalmente, el primer regidor accede a que se consulte a los descendientes y en caso de que alguno muestre su desacuerdo con el traslado acepta que se derribe la tapia. Esta medida fue adoptada por la corporación pocos días antes de que las Cortes aprobaran la ley de secularización de los cementerios. El Gobierno había firmado, el 30 de enero de 1932, el decreto que establecía la propiedad municipal de los camposantos. Estos iban a ser comunes para todas las confesiones, con lo que se unificaban los enterramientos civiles y religiosos. A este decreto se opusieron con rotundidad los obispos españoles en una carta colectiva enviada, el 3 de junio de 1932, al presidente del Consejo de Ministros. En ella protestaban contra los planes de secularización, a la vez que rechazaban la separación Iglesia-Estado. Para ellos esta medida suponía un atentado contra el Concordato. Reacción conservadora La actitud reformista del nuevo régimen, orientada a mermar la influencia social de la Iglesia, generó agitación y malestar en una sociedad caracterizada por altos índices de religiosidad y por una fuerte politización y beligerancia de su clero. A partir de la primavera de 1932 la derecha ya no era aquel conservadurismo temeroso de comienzos de la República. Los detractores del régimen expresaban sin temor su opinión. Siguiendo consignas de la curia, los párrocos utilizaban los púlpitos para animar a los feligreses a participar activamente en la política, incidiendo en la crítica al sistema. Este hecho fue denunciado por el edil socialista Martínez del Sar en el pleno municipal del 31 de mayo de 1932. Además, propuso que el alcalde no permitiese cantar públicamente himnos o cantos que hieran o provoquen los sentimientos de las personas que no comulgan con los mismos, como había sucedido días antes en alguna procesión.