Crónica | La sublevación militar de 1936 en Sarria y comarca (III)
21 ago 2006 . Actualizado a las 07:00 h.La última sesión municipal que se celebra en Sarria bajo el Estado republicano es la del 9 de julio de 1936. La corporación, entre otros asuntos pendientes, aprueba cubrir mediante concurso público algunas plazas de carácter administrativo y vacantes en la plantilla de policía urbana. También aprueba el arreglo y dotación de aceras en algunas calles, así como la reparación de fuentes públicas, dado su mal estado. Por último, se da conocimiento oficial de los fallecimientos del concejal García Arcas, del industrial Cabarcas López y del inicio por parte de toda la corporación de una inscripción popular a favor de las viudas e hijos de ambos. Se acuerda transmitir al ministerio de la gobernación la mayor protesta por la pasividad mostrada por el gobernador civil Cigés Aparicio, ante la gravedad de aquellos sucesos, para el que se pide su sustitución. No obstante, la Audiencia Territorial enviará a Sarria al juez instructor especial Evaristo Mouzo, para encargarse del sumario contra el agresor, cuyo proceso quedará paralizado al estallar la guerra. Como balance de aquella breve pero activa corporación republicana del Frente Popular, nos queda, como recogen las actas municipales, su afán social-reformista y autonomista y el firme apoyo al mundo campesino y agrario. No en vano, el alcalde Páramo solicita y se compromete a hacer gestiones ante el ministerio de Agricultura para crear una escuela agropecuaria. El alcalde explica la necesidad de contratar a un arquitecto para hacer un plan de urbanismo que permita un crecimiento armónico de Sarria. Días de calma Por otro lado, el 17 y 18 de julio se vivirá en Sarria y su comarca una situación de relativa calma, al ignorarse en buena medida el alcance que está tomando en algunas provincias del país el golpe de estado que unidades del Ejército de África llevan a cabo. Sin embargo, el alcalde, en contacto con el gobierno civil de la provincia, tomará las primeras precauciones, al tiempo que intentará ponerse en contacto con Pérez Carballo, gobernador de A Coruña y amigo personal, pero las comunicaciones con el exterior de la provincia son cortadas. El día 19 la situación se vuelve preocupante y se organiza un comité de defensa local, presidido por el alcalde y constituido por varios concejales, policías municipales y algunos vecinos, como el médico Manuel Maceda. Este comité organiza patrullas de ciudadanos armados que vigilan las entradas de las principales carreteras, estación de ferrocarril y cuartel de la Guardia Civil, cuyos componentes se encuentran acuartelados sin dar ningún tipo de respuesta. Son sospechosos de algunas complicidades y su traslado y sustitución por un contingente de guardias del Cuerpo de Asalto había sido prometido al alcalde. También se monta un dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la casa consistorial y se envían emisarios a los comités parroquiales y pueblos cercanos para que permanezcan alerta y, en caso necesario, se traslade a Sarria. Ese día, el alcalde publica un bando, recordando a los sarrianos la vigencia del estado de alarma «ante el movimiento criminal que contra el régimen han iniciado determinadas fuerzas del Ejército» y lo finaliza pidiendo al pueblo que continúe en calma y orden. Durante aquella jornada, la prensa de la provincia comunica que la situación era tranquila en Lugo y el comandante militar de la plaza sostenía su lealtad con las instituciones republicanas. Nada hacía presagiar el desencadenamiento de una larga y cruenta guerra civil. En Galicia no se declara el Estado de Guerra hasta el 20, cuando A Coruña cae en manos de los militares rebeldes, después de ser detenidos los jefes militares que más tarde serían fusilados, generales Salcedo y Caridad Pita. Eso será determinante para que Lugo caiga en manos de militares cómplices y se declare el Estado de Guerra ese día. Desde el 21, el concello de Sarria va a tener nuevos inquilinos y el alcalde, en compañía de otros dirigentes del Frente Popular, se va a concentrar en Vilamaior, donde tomarán distintas alternativas frente a la nueva situación. Ese mismo día, las nuevas autoridades van a liberar a algunos falangistas que se encontraban detenidos y como primera medida ordenan requisar algunos domicilios y en especial el del alcalde, donde se adueñan de algunas armas, numerosa documentación y destrozan su biblioteca. Núcleos de resistencia En días sucesivos, fuerzas de la Guardia Civil, falangistas y otros grupos armados procedentes de Lugo llevarán a cabo una labor de sometimiento en Sarria, o ayuntamientos como Paradela, en donde se han hecho fuertes los resistentes. Y ya durante los últimos días de julio, estas fuerzas, en colaboración con otras del Ejército procedentes de la capital, abatirán las parroquias de Vilamaior y Castro de Rei de Lemos, núcleos donde los frente populistas, con el alcalde de Sarria a la cabeza, se han hecho especialmente resistentes. En esta última parroquia van a improvisar algún simulacro de fortín, como el construido en la conocida Pena Ventureira, que les va a ser útil para distraer la atención de los perseguidos, haciéndoles perder numerosa munición y permitirles a la vez la retirada hacia el río Miño. En Sarria, mientras tanto, la Falange pasa a engrosar gran cantidad de afiliados y muy pronto sus cabecillas comenzarán una verdadera campaña de terror y chantaje con los simpatizantes y familiares de huidos republicanos. El día 24 de julio se constituye en Lugo la llamada Junta de Defensa Nacional, que pasa a asumir todos los poderes, y en Sarria serán nombradas nuevas autoridades: Francisco Bullón Baladrón como comandante militar, Castor Fernández López como nuevo alcalde y Eduardo Gómez Requejo como jefe de Falange local. No tardará en hacerse público el famoso bando del general Mola, concretamente el día 28, declarando el Estado de guerra en toda España y cuyas directrices no eran otras que las de «La acción debe ser en extremo violenta». Días después comenzarán también las detenciones, multas, destierros y los procesos sumarísimos con la acusación más frecuente de «rebelión militar», donde las garantías procesales serán inexistentes en una Galicia sumisa y aterrorizada, y en donde paradójicamente las autoridades gubernativas republicanas apenas habían ofrecido resistencia.