El auto de ingreso en prisión dictado contra el alcalde dimisionario Manuel Casanova abre incógnitas en cuanto a su futuro personal y al gobierno del ayuntamiento
19 abr 2004 . Actualizado a las 07:00 h.?Non teño nin idea», dice Manuel Casanova, alcalde dimisionario da Pobra do Brollón al serle preguntado si cree que podrá evitar o al menos aplazar su ingreso en prisión, ordenado por un auto de la Audiencia Provincial. El regidor tampoco sabe por ahora cuándo poderá llevarse a cabo su reemplazo en la alcaldía, aunque hace ya va para dos meses que dimitió de este cargo. La orden de encarcelamiento, dictada el pasado día 2, no sólo ha provocado una honda incertidumbre en cuanto al destino personal inmediato de Casanova, sino también en lo que se refiere al gobierno del Concello, que actualmente se encuentra en una situación muy poco común. Manuel Casanova anunció su dimisión como alcalde a finales del pasado febrero, inmediatamente después de que se diese a conocer la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó a cuatro años y seis meses de prisión por malversación de fondos públicos. Sin embargo, ha seguido ocupando la alcaldía en funciones hasta hoy. Un mes después de su dimisión, había manifestado su intención de seguir al frente del Concello hasta que fuesen aprobados los presupuestos municipales. Sólo después de cumplir este trámite, según explicó, se convocaría un pleno para elegir al nuevo alcalde. Pero la situación no ha experimentado ningún cambio hasta ahora. Comunicación previa El auto de la Audiencia lucense, sin embargo, sólo empezará a surtir efecto una vez que haya sido comunicado al interesado, cosa que hasta ahora no se ha producido. Cuando esto ocurra, el ingreso en prisión deberá efectuarse en el plazo de ocho días hábiles. La situación se encuentra, por lo tanto, en un punto bastante desconcertante, en el que es difícil predecir lo que va a suceder. Actualmente no se sabe si las acciones emprendidas por la defensa de Casanova podrán evitar su ingreso en prisión ni en qué manera se va a solucionar la cuestión de su reemplazo en la alcaldía. Tampoco es posible saber si el regidor dimisionario podrá cumplir su intención -expresada en varias ocasiones- de seguir formando parte de la corporación como concejal. La incertidumbre también se extiende al caso del antecesor de Manuel Casanova, Antonio Arias Armesto, condenado a cinco años de cárcel por el mismo motivo. Ayer prefirió no responder a las llamadas hechas a su teléfono móvil desde este periódico para interesarse por su situación.