Telefónica justifica el expediente de regulación de empleo entre otras cuestiones, en el proceso de liberalización del mercado que comenzó en el año 1998. Según apunta, la proliferación de nuevos operadores que no crearon infraestructuras propias y que utilizaron las de la compañía, hizo que ésta tuviera que cargar con los costes de transición al mercado liberalizado. La empresa también asegura que perdió cuota a favor de otras operadoras y entre las causas que basa la regulación de empleo figura también la sustitución de la telefonía fija por los móviles y la implantación del cable. Entre las cifras que maneja se halla una reducción de los ingresos por minuto de un 31% desde el año 1999. Alude también a las consecuencias de la bajada de precios, la sofisticación de la telefonía móvil y a la tecnología LLC para transmitir voz, datos y vídeo por la red eléctrica. El plan social que acompaña a la regulación de empleo recoge que además de reducir el número de operarios en los 15.000 de referencia hasta el año 2007, pretende una distribución más racional de la plantilla tanto geográfica como funcionalmente. La memoria del plan reitera que las medidas propuestas son voluntarias.