Representantes de las parroquias implicadas acudirán el domingo a una asamblea conjunta en Ourense La comisión de afectados por las tasas del regadío Val de Lemos participará el domingo en una asamblea conjunta con los agricultores de A Limia y Terra Chá aquejados de similares problemas. Las peticiones formuladas en esta reunión serán trasladadas al Gobierno central. Por otro lado, el BNG solicitó en el Congreso de los Diputados la anulación de las tasas y un plan de rehabilitación de la red de regadío. Las alegaciones de los afectados serán entregadas próximamente al Defensor del Pueblo.
14 nov 2000 . Actualizado a las 06:00 h.La asamblea de los afectados de las zonas de regadío de Val de Lemos, A Limia y Terra Chá se llevará a cabo el próximo domingo en el hotel San Martín de Ourense, hacia las once de la mañana. Una hora antes partirá de la plaza monfortina de la Compañía un autobús para transportar a los vecinos que deseen participar en esta iniciativa. En la asamblea de Ourense estará presente el senador nacionalista Anxo Quintana, quien se ha comprometido a solicitar una entrevista de los representantes de las tres zonas con el ministro de Agricultura. La adhesión de la comisión local de afectados a esta asamblea fue decidida en una reunión mantenida el martes por la noche en la sede monfortina del BNG. En el mismo local se reunió ayer un grupo de representantes de la comisión para dar a conocer éste y otros acuerdos. Los representantes de los afectados comunicaron además que la próxima semana está previsto finalizar la campaña de recogida de firmas que se lleva actualmente a cabo en 31 parroquias pertenecientes a los municipios de la zona. Estas firmas serán remitidas al Defensor del Pueblo, junto con un vídeo que muestra la situación actual de los canales y acequias de este sistema de regadío. Al mismo tiempo se enviará a la oficina del Defensor del Pueblo un escrito en el que se pide la anulación de las tasas por explotación de obras y servicios y el canon de regulación y tarifa de utilización de agua del periodo 1996-1999, por considerar que infringen el principio constitucional de capacidad económica.