Un juez amenaza con investigar por desacato a la Administración Trump por no frenar los vuelos de deportación
INTERNACIONAL
«La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales», argumenta el magistrado federal James Boasberg
16 abr 2025 . Actualizado a las 20:21 h.Un juez federal amenazó este miércoles con abrir una investigación por desacato contra la Administración Trump por ignorar una orden judicial que ordenaba suspender las deportaciones a la megacárcel en El Salvador. A ese centro han sido trasladados ya más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos sin historial delictivo, de acuerdo con un informe de la cadena CBS, invocando la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada en tiempos de guerra.
En una decisión de más de 40 páginas, el magistrado James Boasberg acusa al Ejecutivo de haber ignorado con «completo menosprecio» una orden judicial que le instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano. «La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», escribió. Permitir al Gobierno «anular» los fallos de las cortes, agregó Boasberg, «convertiría en una burla solemne a la propia Constitución».
Trump invocó el pasado 14 de marzo la ley de 1798 para expulsar a cientos de venezolanos a los que acusa de pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua. Un día después de que invocara la ley, Boasberg bloqueó su uso justo en el momento en el que dos aviones iban rumbo a Centroamérica con los migrantes y ordenó el regreso de esos vuelos.
Los aviones no dieron marcha atrás y aterrizaron en El Salvador, desatando una batalla legal sin precedentes en la que incluso Trump sugirió llevar a un juicio político al magistrado.
El envío de migrantes hacia El Salvador ha provocado una serie de demandas al Gobierno de Trump y el rechazo por parte de organismos internacionales. Human Rights Watch, en un informe publicado la semana pasada, acusó a EE.UU. y El Salvador de estar sometiendo a estas personas a una «desaparición forzada».
La Administración de Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas. Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
Trump llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en EE.UU. a cambio de seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
Trump persiste en su política de expulsar a millones de migrantes. Su última ocurrencia es darles «algo de dinero y un billete de avión» para que salgan «voluntariamente» de Estados Unidos. «Queremos hacer un programa de autodeportación», indicó el mandatario la noche del martes durante una entrevista en Fox News. Poco antes, Trump reforzó con la firma de un nuevo memorando la prohibición para que los simpapeles puedan acceder a los fondos de seguridad social.