La decisión, hecha pública por el juez instructor del macroproceso, Ivo Rosa, en una larga sesión, ha caído como un jarro de agua fría en la opinión pública lusa. La investigación partía, según la Fiscalía lusa y el primer instructor, de una supuesta red de corrupción y de blanqueo de capitales activa entre el 2005 y el 2011, cuando Sócrates gobernaba, para favorecerle a cambio de concesiones de contratos a importantes grupos empresariales para la construcción del tramo del AVE de Poceirão hasta la frontera con Badajoz; para beneficiar al grupo Lena, de Armando Vara, con varios contratos sustanciosos con el Gobierno venezolano; y a Portugal Telecom y al Banco Espirito Santo, que se encargaría de transferir importantes cantidades de dinero a las cuentas que el empresario, amigo y testaferro de Sócrates, Santos Silva, tenía en Suiza y a través de las cuales entregaría a Sócrates importantes cantidades de dinero.
El juez Rosa no ha encontrado indicios de corrupción en los contratos con el Gobierno venezolano, en la adjudicación del concurso para construir el tramo del AVE, ni abuso de poder por parte de Sócrates en la OPA de Sonae a PT; aunque ha dudado en las transferencias millonarias que salieron del BES hacia las cuentas de Santos Silva en Suiza, pero el delito, como reconoció, prescribió en el 2015. Rosa también tiene sospechas sobre los 1,7 millones de euros que Santos Silva transfirió a José Sócrates, que no fueron declarados a la Hacienda lusa, pero no lo considera delito de fraude fiscal.
