La vida ofrece a veces extrañas permutas. Por ejemplo, la capital de Chile se ha quedado sin estaciones de metro, pero a cambio el país tendrá una nueva Constitución. Después de casi un mes de protestas políticas y vandalismo incendiario, la mayoría gubernamental lograba el viernes pactar con la mayor parte de la oposición un plan para elaborar un nuevo texto constitucional que sustituya al que está en vigor desde 1980.

Lo curioso es que las protestas no pretendían cambiar la Constitución. Primero eran un acto de desobediencia civil por parte de los estudiantes de las clases acomodadas de Santiago de Chile contra el precio del transporte. Esto desató un caos que fue aprovechado por los saqueadores -de los 23 muertos, al menos 17 han perecido en los incendios provocados por esos saqueos o en atropellos, no en enfrentamientos con la policía-. Y finalmente la oposición vio la posibilidad de utilizar ese caos para recuperar la iniciativa política tras su derrota en las elecciones del 2017 frente al conservador Piñera.

La Constitución chilena nació con el pecado original de haber sido promulgada mientras el dictador Pinochet estaba aún en el poder, aunque también es cierto que ha sido enmendada ya veintiuna veces. En el 2005 se retiraron todos sus aspectos claramente antidemocráticos. Y en el 2015 Michelle Bachelet quiso iniciar un nuevo proceso constituyente, pero no logró el respaldo popular necesario y solo presentó un proyecto a última hora, ya a punto de perder el poder. Plantearlo de nuevo tiene lógica para la izquierda, porque la elección de una Asamblea Constituyente será, en la práctica, una repetición de las elecciones en un momento de debilidad de Piñera, con la posibilidad, caso de ganar, de rehacer el sistema político a su medida.

Piñera ha reaccionado de forma errática ante la crisis, primero decretando el estado de sitio -una decisión que, según las encuestas, tenía el apoyo de la mayoría, asustada por los saqueos-, pero suspendiéndolo luego y pidiendo perdón por su falta de sensibilidad social. Esto ha creado desconcierto y división dentro de su Gobierno, y es lo que le ha forzado a aceptar el cambio de Constitución. Para el Gobierno, el acuerdo alcanzado contiene al menos un plebiscito sobre el mecanismo para crear la nueva Constitución, lo que aleja el espectro del proceso asambleario que proponía la izquierda radical, y que guardaba un parecido sospechoso con los procesos asamblearios que han servido para anular al Parlamento en Venezuela.

Pero la cuestión queda en realidad abierta hasta el que se celebre ese plebiscito en abril de año que viene. Será un período de incertidumbre en el que la tentación de usar la calle para condicionar el proceso va a ser muy grande para la oposición. Por su parte, Piñera intentará aprovechar estos meses para recuperar la popularidad que ha perdido con sus bandazos, pero su Gobierno parece agrietado sin remedio.

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Un proceso constituyente con interrogantes