Italia renueva el criticado pacto migratorio con Libia

Un traficante de inmigrantes es uno de los jefes de la Guardia Costera libia

Matteo Salvini se hace un selfi con una entusiasta simpatizante de la Liga
Matteo Salvini se hace un selfi con una entusiasta simpatizante de la Liga

Roma / Corresponsal

La renovación automática este sábado del acuerdo entre Italia y Libia para controlar los flujos migratorios es motivo de fricción entre los socios del Gobierno. El Movimiento 5 Estrellas (M5E) no tiene ninguna intención de poner fin al memorando firmado en el 2017 por el Ejecutivo de Paolo Gentiloni que hoy no apoyan miembros del PD que entonces lo defendieron. Un grupo de parlamentarios, que provienen del PD, Italia Viva (nueva formación de Matteo Renzi), la izquierdista Libres e Iguales (LeU) a M5E, han pedido una revisión de un pacto que, aunque ha frenado la llegada de migrantes, viola los derechos humanos. El ministro de Exteriores y líder de M5E, Luigi Di Maio, aseguró que interrumpirlo «sería dañino» pero que se está trabajando para mejorarlo, sobre todo en lo que se refiere a los centros de acogida libios.

Dos meses después de la salida de Interior de Matteo Salvini, defensor de la política de «puertos cerrados», poco parece haber cambiado ya que desde hace una semana el barco Alan Kurdi de la ONG alemana Sea Eye espera desembarcar 88 inmigrantes que salvó en el mar.

Desde que en el 2017 se firmó el acuerdo, al menos 38.229 migrantes han sido interceptados y devueltos a Libia aunque la ONU no considera ese país un puerto seguro. Desde el periódico Avvenire, propiedad de los obispos italianos, se ha denunciado el doble juego en el país norteafricano donde el traficante de inmigrantes Abd al Rahman Milad, conocido como Bija, es el nuevo jefe de la Guardia Costera del puerto de Zauiya. Sobre él pesa una orden de arresto del propio Ministerio del Interior libio, mientras un informe de la ONU lo ha acusado de atacar a un barco de Médicos sin Fronteras y de hundir embarcaciones con inmigrantes. Bija es el hombre fuerte en esa zona del Gobierno de Fayez al Sarraj, reconocido por la comunidad internacional. 

Roma ha dado a Trípoli más de 150 millones de euros para la Guardia Costera y para «mejorar» las condiciones de unos campos de migrantes que la ONU exige cerrar. Según Oxfam Italia, ese dinero ha terminado en manos de traficantes como Bija. Con la renovación automática del tratado se aplicará una disposición aprobada por Sarraj en septiembre que prohíbe a las oenegés llevar a cabo operaciones en la zona de rescate libia, un área mayor que sus aguas territoriales, sin la autorización de Trípoli. Además, tendrán que entregar los barcos y motores utilizados por los inmigrantes. Para Filippo Miraglia, de la ONG Arci, este «es un acto más para obstaculizar y criminalizar los salvamentos en el mar. La Guardia Costera libia no es más que una mezcla de militares y traficantes interesados solo en sus negocios».

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