La pasada semana se supo que las autoridades ugandesas localizaron en una refinería de ese país africano 3,6 toneladas de oro de un total de 7,4 que habían entrado de contrabando en el país en la primera semana de marzo, procedentes de Venezuela. ¿Dónde estará el resto?
24 mar 2019 . Actualizado a las 17:33 h.Solo se trata de una pequeña parte del expolio a que viene sometiendo al país un Nicolás Maduro empeñado en dejar el poder bañado en el precioso metal, como los faraones egipcios.
Cuando este siniestro personaje ya había dilapidado una buena parte de de los ingentes recursos petroleros que alberga el subsuelo venezolano, optó por tirar de los auríferos, que están considerados como los segundos más importantes del mundo. Para ello, en febrero de 2016, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, emitió el decreto que regula la minería en Venezuela y creó el llamado Arco Minero del Orinoco, una reserva para explotar oro, coltán y diamantes, que ocupa 111.843 kilómetros cuadrados -casi el 12 % de la superficie total de Venezuela. Incluye los estados de Apure, Amazonas y Delta Amacuro y compromete áreas del Parque Nacional Canaima, Sierra Maigualida y Cerro Guanay, además de 14 ríos que cruzan dichos estados. Es parte de la Amazonia, el pulmón del mundo.
La idea original no es suya. Ya la había lanzado Chávez cinco años antes, pero entonces no era necesario desarrollarla porque la fuente de los petrodólares aún manaba con abundancia y, además, así evitaba entrar en competencia con sus amigos de la guerrilla colombiana que tenían y tienen una de sus principales fuentes de ingresos en los peajes que les cobraban a los garimpeiros (mineros ilegales) venezolanos. colombianos y brasileños que explotan artesanalmente estos recursos.
Pero el panorama financiero de la era madurista se ha ido deteriorando de forma exponencial, a medida que se disparó la ambición de su cleptocracia y las sanciones económicas impuestas por el imperio se fueron haciendo más duras.
Para subsistir, Maduro volvió a echar mano de los militares, muchos los cuales llevan años metidos en el negocio, pero en beneficio propio. Son uniformados destinados en la zona los que, en connivencia con la guerrilla del ELN y los pranes (capos de la delincuencia organizada), controlan un ejército de 300.000 buscadores de fortuna que, según estimaciones solventes, desde el año 2016, solo hasta mayo del pasado año, a través de intermediarios legales, le vendieron al Banco Central de Venezuela 17 toneladas de oro valoradas en 650 millones de dólares,
Los mineros cobran en bolívares a precio de dólar paralelo, lo que multiplica por 20 los ingresos que obtendrían en actividades legales. Es el caso, por ejemplo, de un conductor de autobús cuyo testimonio recogió Reuters. Así, el gobierno de Maduro ingresa unas divisas que le permiten importar los pocos alimentos y productos básicos que han ido llegando al país poner a buen recaudo unos ahorrillos para en un futuro no muy lejano seguir viviendo a cuenta de los venezolanos en algún país amigo.
Solo el año pasado, Maduro se fundió el 40 % de las reservas de oro de Venezuela en su intento desesperado por financiar programas de gobierno y pagar millones a titulares de bonos.
Vendió un total de 73 toneladas a dos empresas radicadas en Emiratos Árabes Unidos y otra en Turquía, según los datos facilitados días pasados por el parlamentario opositor Carlos Paparoni. Así, unas reservas de 184 toneladas se quedaron en 110 a fines del año pasado.
De esas 73 toneladas, según el aludido parlamentario, unas 27,3 se enviaron a Noor Capital, en los Emiratos Árabes, una empresa que ya anunció que se abstendrá de hacer negocios con Venezuela hasta que la situación se «estabilice».
Otras 24 toneladas se vendieron a la firma Sardes Kiymetli Madenler de Estambul, según Paparoni. Esta compañía obtuvo aprobación del ente regulador para operar como miembro del Mercado de Metales Preciosos de la Bolsa de Estambul el 26 de diciembre de 2017, solo días después de firmar su primer contrato con el Banco Central de Venezuela, según documentos citados por Bloomberg. El resto de las ventas de oro el año pasado lo recibió Goetz Gold, también de Emiratos Árabes Unidos, detalló Paparoni.
Simón Zerpa Delgado, ministro de Economía de Venezuela, Tareck El Aissami, ex vicepresidente y hombre fuerte del gabinete económico y Samark López, un poderoso empresario presunto testaferro de El Aissami. Los tres aparecen como los grandes estrategas en el diseño y ejecución de las exportaciones legales e ilegales del oro venezolano.
La otra cara de la tragedia del expolio del oro venezolano son sus efectos colaterales a nivel medioambiental y sanitario. En la zona afectada por explotaciones viven 16 comunidades indígenas y, de acuerdo con los inventarios biológicos locales, es hábitat de 850 especies de aves, 257 de mamíferos, 205 de anfibios y 204 de reptiles.
Según la ONG venezolana Provita, que ha estudiado la biodiversidad de Venezuela durante más de tres décadas, un total de 5.266 kilómetros cuadrados de vegetación fueron devastados en la Amazonia venezolana entre los años 2000 y 2015, en gran parte para dar paso a operaciones mineras ilegales.
Según el informe El peso del oro: violencia en el sur de Venezuela, publicado hace escasas semanas por el International Crisis Group, la minería -la legal y la ilegal- ha tenido un impacto especialmente devastador en la salud de las 16 comunidades indígenas aledañas, porque el mercurio usado para extraer oro del mineral contamina la tierra y los acuíferos.
Por otra parte, está volviendo la malaria que había sido erradicada del país en 1961. Desde el año 2013 crece exponencialmente. En 2017 se registraron 411.000 casos, un 84 % más que en 2016. La mayoría en Bolívar y Amazonas, dos de los estados que hacen parte del Arco Minero. El gobierno venezolano lanzó la última cifra en noviembre de 2016: 245.000 casos y una muerte. En 2017, la OMS pintó un panorama mucho más preocupante: calculó 655.000 casos y 790 muertes solo en 2017.
¿Cómo es que ese país pasó de casi erradicar la enfermedad a ser una de las naciones más afectadas? Los médicos venezolanos tienen varias teorías, pero todo apunta a la falta de esfuerzos de prevención, falta de medicinas y el disparo de la minería ilegal.
Por un lado, las retroexcavadoras que perforan la tierra dejan huecos que se llenan de agua de lluvia, que a su vez atraen a los mosquitos Anopheles, cuyas hembras transmiten la enfermedad. Como los migrantes son de estados que no necesariamente han sido golpeados por la malaria, llegan a las minas con sistemas inmunitarios que no están familiarizados. Los mineros duermen en campamentos improvisados y hamacas alrededor de estas aguas infestadas. De hecho, una investigación realizada por la ONG local Kapé Kapé, en 2018, calculó que la malaria causa el 21 % de las muertes en el estado Amazonas y el 25 % en el estado Bolívar.