Venezuela, el país donde cruda realidad y la ficción se confunden

Al Bolívar que Chávez ya le comió tres ceros, Maduro le sacará cinco más el primero de agosto. Para el día siguiente está fijado el inicio en Bogotá del juicio en el Tribunal  Superior de Justicia en el exilio contra él y en Miami avanza la investigación del desfalco de la petrolera Pdvsa. Mientras tanto el país se está quedando sin burros porque le gente los mata para comer.

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A CORUÑA

Esta cruda realidad aún no ha logrado acabar con el sentido del humor de los venezolanos. Algunos ya le ha sugerido al líder de la robolución bolivariana que el valor nominal de los nuevos billetes que se emitan se imprima sobre un soporte rascable para que se puedan seguir utilizando cuando haya que seguir suprimiendo ceros.

Por lo de pronto, a partir del día primero, los precios de los productos disponibles ya aparecerán con cinco menos. Un euro en la calle ya no costará 4.104.681,60 bolívares fuertes a día de hoy, sino 41,04 bolívares soberanos. Habrá que esperar a ver en cuánto se pone a partir del 20 de agosto, fecha de la entrada en vigor de la nueva reconversión monetaria.

Como quiera que, al ritmo que lleva la economía bolivariana, el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que a finales de año la inflación alcanzará la escalofriante cifra de 1.000.000 %. y el PIB caerá 18 %, hasta los propios responsables del desastre empiezan a admitir públicamente la gravedad de la situación.

Pero todo lo que se le ocurre para afrontar el colapso a que se ve avocado el país es hacer efectiva una nueva reconversión monetaria -la supresión de cinco ceros al bolívar en vez de los tres previstos inicialmente- anclada en el Petro,a partir del 20 de agosto. También anunciaron otras cuatro medidas más,   entre las destacan el respaldar los activos del Banco Central de Venezuela con una parte de las reservas petroleras de la Faja Petrolífera del Orinoco y, sobre todo,  la flexibilización de la ley de ilícitos cambiarios. Una ley que penaliza la posesión e intercambio de divisas desde febrero del año 2003, que con el pasado del tiempo se ha constatado que solo ha servido para que amasaran ingentes fortunas boliburgueses y bolichicos -los jóvenes que siguieron la huella de los veteranos- a través fabuloso contratos públicos fraudulentos.

La punta del iceberg de este latrocinio obsceno, más rentable incluso que el gran tráfico de cocaína, está saliendo a la luz estos días en una investigación judicial  que tiene su epicentro en Miami y ramificaciones en Reino Unido, España, Italia y Malta.

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Es la llamada Operación Fuga de Dinero que desveló la existencia de una conspiración internacional para lavar fondos de Pdvsa a través de Miami y de varias organizaciones internacionales de lavado de dinero, según la documentación que maneja el tribunal a la que ha tenido acceso la periodista de investigación venezolana en el exilio  Maibort Petit.

La red investigada, a tenor de  los datos hechos públicos la semana pasada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos,  malversó entre 2014 y 2015 unos 1.200 millones de dólares (1.023 millones de euros) procedentes de las arcas de la petrolera estatal .

El pasado miércoles fueron detenidas dos piezas claves de la trama: un alemán llamado Matthias Krull que, según la acusación presentada ante un Tribunal Federal de Miami, era una suerte de banquero estrella de la cleptocracia chavista.  Krull, que residía en Panamá y aprendió el oficio de  banquero en Suiza,  fue capturado por la policía en el aeropuerto de Miami.

El otro, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, colombiano con ciudadanía estadounidense, fue arrestado en la isla de Sicilia y será extraditado a Estados Unidos. Según la acusación de la Fiscalía, dos firmas suyas en Miami  servían para lavar con inversiones ficticias lo robado en Venezuela

También existe orden de detención contra otros seis acusados: el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta y Lara, el portugués Hugo Ramalho Gois y los venezolanos: Carmelo Urdaneta Aquí, ex  consejero del Ministerio de Petróleo y Minería; Abrahán Eduardo Ortega, ex director ejecutivo de finanzas de Pdvsa; José Vicente Amparan Croquer, lavador de dinero profesional con tentáculos en España y Malta y Francisco Convit Guruceaga.

Uno de los agentes que participaron en esta investigación, en una declaración jurada incorporada a la causa  afirma que en Venezuela «prosperan ecosistemas corruptos de varios miles de millones de dólares que están alimentando un río de fondos que pasa a través del sur de Florida, un centro internacional de lavado de dinero». Mientras estos listos se forran, el país se está quedando sin burros porque la gente los mata para comer por la escasez de alimentos.

 Mientras tanto, en Bogotá el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) -el del exterior- ultima  los preparativos para escenificar el próximo jueves, día dos de agosto, un juicio penal contra Nicolás Maduro Moros  por la presunta comisión de los delitos Corrupción Propia y Legitimación de Capitales. Y todo ello en base a la acusación presentada el pasado 28 de junio por Luisa Ortega Díaz, la Fiscal General de la República de Venezuela, una chavista confesa que prestó impagables servicios a la causa bolivariana y que fue depuesta el año pasado por Nicolás Maduro.

Este TSJ  funciona en paralelo con 13 magistrados principales y 20 suplentes nombrados por la mayoría parlamentaria de la Asamblea Nacional en julio del año pasado, en  sustitución de los denominados magistrados exprés, designados de manera irregular en diciembre de 2015 por la Asamblea saliente y que no sólo no fueron reconocidos por el régimen sino que fueron perseguidos: Uno de ellos fue detenido a los pocos días y los demás huyeron del país para no correr la misma suerte.

El TSJ del exilio se autocostituyó a los pocos meses con el respaldo de la OEA. Fue un hecho inédito, sin precedentes a nivel mundial, cuya legitimidad cuestionan algunos juristas. Otros, en cambio, lo califican como «un paso de gran trascendencia jurídica, política y humanitaria para Venezuela y el mundo».

Pero lo cierto es que las sentencias que ha dictado hasta la fecha -la declaración de nulidad de la Asamblea Nacional Constituyente- o la que dicte en el juicio contra  Maduro se podrían quedar en una mera declaración de intenciones por la falta de coercibilidad de sus decisiones.

En cuanto a la trascendencia internacional de las mismas se recuerda que no hay precedentes de tribunales en el exilio sino de juzgados simbólicos, como el Tribunal Russell, también conocido con el nombre de Tribunal Internacional sobre Crímenes de Guerra, pero  las decisiones de esta corte no son de obligatorio cumplimiento.

El TSJ en el exilio no es un tribunal extranjero sino venezolano y no  está claro que esté actuando en aplicación de la jurisdicción universal, ya que no está juzgado, al menos  de manera directa y específica, crímenes contra los derechos humanos, sino violaciones a la Constitución, y en su última sentencia, por presuntos delitos económicos. Una vez más la ficción y la realidad conviven bajo el mismo cielo en la Venezuela bolivariana.

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