Maduro pone en la diana ahora al mayor partido opositor

Los avances en su campaña electoral van acompañados por la eliminación de los principales rivales


caracas / corresponsal

El partido venezolano Primero Justicia (PJ), el más votado de la oposición, está a punto de quedar ilegalizado luego de que la Asamblea Nacional Constituyente le ordenara a su militancia recolectar firmas y de que el proceso, que estaba previsto este fin de semana, quedara suspendido sin explicaciones, señaló su secretario general, Tomás Guanipa. Como el PJ, partido de Henrique Capriles, se encuentra ilegalizado el de Leopoldo López, Voluntad Popular.

Venezuela, señaló el politólogo Nehomar Hernández, asiste a un espectáculo largamente temido: mientras Nicolás Maduro se ungió ayer como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) para el período 2019-25, todos los que podían representar una amenaza han sido inhabilitados.

Y no solo los antichavistas: A Rafael Ramírez, expresidente de Pdvsa, quien pidió primarias en el PSUV para enfrentarse a Chávez, le acaban de pedir una orden de captura internacional por corrupción, y a Miguel Rodríguez Torres, último ministro del Interior de Chávez y primero de Maduro, quien anunció su intención de postularse, la Contraloría General de la República lo inhabilitó administrativamente (sin fórmula de juicio) para cargos públicos, como el año pasado lo hizo con Henrique Capriles, aunque por un lapso mucho menor: un año en el caso de Rodríguez y 15 en el del dirigente opositor que hasta hace poco despuntaba en todas las encuestas de opinión.

«No tengo ninguna duda de que vamos a ganar las elecciones», advertía ayer Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, en el acto en el que el PSUV «aclamó por unanimidad» a Maduro como candidato. La respuesta de Eva Golinger, abogada de madre venezolana y padre estadounidense, a quien Hugo Chávez llamaba «la novia de la revolución» y ahora es acérrima crítica del Gobierno fue contundente: «Fácil es ganar una elección cuando a todos los otros candidatos viables los inhabilitan».

La comunidad internacional, que observa con preocupación creciente lo que pasa en Venezuela, donde Maduro adicionalmente ordenó a través de la Asamblea Nacional Constituyente un adelanto de elecciones, comienza a tomar acción. La lidera Rex Tillerson, secretario de Estado de EE.UU., quien se encuentra de gira por los cuatro países que lideran el antichavismo en América Latina: Argentina, Colombia, México y Perú. El régimen venezolano anunció su propia «gira latinoamericana», pero la misma da testimonio de su aislamiento: El canciller Jorge Arreaza solo visitará Cuba, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, tres países sin ningún peso regional. El objetivo confesado de Tillerson es endurecer las sanciones contra el Gobierno y desconocer las elecciones, algo en lo que están de acuerdo EE.UU., el Grupo de Lima, de 16 países americanos, y varios países de la UE liderados por el francés Macron.

Enrique Aristeguieta Gramcko, un enemigo octogenario

Para el régimen de Maduro no hay enemigo demasiado pequeño, o en este caso, demasiado viejo. A las 3.52 horas de ayer la policía política buscó en su casa y detuvo a Enrique Aristeguieta Gramcko, el último superviviente de la Junta Patriótica que se constituyó en 1958, cuando fue derrocado Pérez Jiménez, último dictador militar de Venezuela. Aristeguieta, de 85 años, era un frecuente invitado a programas de radio y TV web (en señal abierta la censura no permite tales comentarios) en los que llamaba a la oficialidad militar a derrocar al mandatario. Su detención fue condenada incluso por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y se produjo a pesar de que el Código Penal señala que los detenidos mayores de 70 años solo pueden cumplir arresto domiciliario. También ayer la policía política detuvo a Vanessa Barroso, una joven educadora directiva de la fundación de ayuda a la infancia que tenía Óscar Pérez, el policía rebelde abatido en un operativo en el que se denunció uso desmedido de la fuerza. Solo esta semana el Gobierno ha sumado nueve presos políticos, y más de 300 en total, señaló Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano.

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