Maduro minimiza el éxito de la protesta y llama terroristas a los opositores: «Irán a la cárcel»
21 jul 2017 . Actualizado a las 08:09 h.Las principales ciudades de Venezuela fueron fantasmas ayer durante 24 horas, las mismas que duró el «paro activo nacional», popularmente conocido como el trancazo, convocado por la oposición contra el Gobierno de Nicolás Maduro y que tuvo un seguimiento desigual. La Mesa de la Unidad Democrática había solicitado que «si la gente salía de sus casas, fuera para trancar las calles». Mientras unas zonas estaban en completo silencio y vacías de gente, en otras hubo fuertes enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes, que se saldaron con dos muertos y 80 heridos, además de detenidos y allanamientos de morada extrajudiciales.
Del éxito del paro dieron cuenta, más que las declaraciones de los dirigentes opositores, las de Maduro, quien pidió «aplicar la justicia» contra el alcalde del municipio caraqueño de Sucre, Carlos Ocariz, a quien acusó de dirigir a grupos que «quisieron quemar VTV», la emisora de televisión estatal, pero que finalmente se habrían conformado con quemar un módulo policial aledaño, «porque el pueblo salió a defender a su televisión», afirmó el propio Maduro.
El Gobierno intentó dar apariencia de calma. Aseguró que las 700 principales empresas del país trabajaron con normalidad y que los funcionarios acudieron mayoritariamente a sus puestos. El transporte público no funcionó en Caracas, aunque sí lo hizo el metro excepto en las zonas más afines a los opositores. El cierre se notó especialmente en el comercio y en la banca, aunque algunos negocios de la zona centro y los distritos chavistas sí abrieron.
Maduro aprovechó las primeras horas de las protestas para rebajar su alcance y también para fustigar a Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento y portavoz de la oposición, calificándolo de «muchacho estúpido», y diciendo que «ya tiene su celda lista, solo estoy esperando que llegue la Constituyente. Ya tiene su nombre la celda a la que irá este terrorista».
Sobre Ocariz (uno de los principales organizadores de la consulta popular del pasado domingo, en la que participaron según la oposición 7,5 millones de personas), Nicolás Maduro dijo que «he ordenado capturar a todos los terroristas; responsabilizo al alcalde Ocariz y pido a la justicia que actúe frente a esta persona». La oposición no respondió a esas acusaciones de Maduro.
La alocución presidencial desde el Círculo Militar de Caracas (uno de los dos espacios de la ciudad, junto con el palacio presidencial, en los que parece confinado) coincidió con el despliegue de la represión en Caracas y en el resto del país, no solo a través de la Guardia Nacional, sino, especialmente, de los colectivos paramilitares. Hubo decenas de escaramuzas en las que más de 50 personas (incluyendo dos periodistas) resultaron heridas. Héctor Caldera, reportero al servicio de la Mesa de la Unidad, fue detenido por la Guardia Nacional y liberado minutos después, con una severa paliza en su rostro.
Las imágenes transmitidas por televisión y redes sociales tras la alocución presidencial mostraban estampas de un país en guerra, con las calles vacías y arrasadas por el humo de las bombas lacrimógenas y la presencia de tanques y «ballenas», vehículos policiales antimotines que lanzaban agua a los manifestantes, en su mayoría muy jóvenes.
Aumenta el cerco internacional
El paro nacional coincide con un incremento de la presión internacional sobre el Gobierno de Maduro, que ha visto como Estados Unidos, la UE, la mayoría de los países latinoamericanos y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, han exigido la suspensión de la Constituyente, por considerar que es un mecanismo que agravará las tensiones políticas en el país.
Almagro publicó su tercer informe sobre Venezuela desde junio del 2016 con un tono incluso más duro que los anteriores, en el que señala que Nicolás Maduro y su núcleo más cercano en el Gobierno han «violado deliberadamente los derechos humanos» y han cometido «crímenes de lesa humanidad». «Las medidas adoptadas por el Gobierno son deliberadas. Aplican una estrategia bien pensada y metódica; una política que todos los días se cobra una o dos víctimas mortales entre los manifestantes», manifestó Almagro, que también indicó que la comunidad internacional «no puede ignorar violaciones tan flagrantes y evidentes de la dignidad humana básica y de los derechos y las libertades fundamentales».
Sanciones a los infractores
Almagro se mostró optimista sobre la posibilidad de tener en esta oportunidad los 23 votos necesarios para solicitar la aplicación de la Carta Democrática de la organización al Gobierno de Maduro, aunque el secretario de la OEA insistió en su informe que cualquier sanción tiene que ser contra los funcionarios implicados en las violaciones de derechos humanos y que no acreciente el sufrimiento que ya viven los venezolanos.
Entre tanto, el Mercado Común del Sur (Mercosur), al que pertenece Venezuela, aunque se encuentra suspendida, realizará hoy una cumbre presidencial en la que participará el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Julio Borges.