Mendigar estará penado en Dinamarca con hasta dos semanas de cárcel

Socialdemócratas y xenófobos apoyan la medida del Gobierno, tachada de vergonzosa por la izquierda


bruselas / corresponsal

Mendigar en Dinamarca estará penado con hasta dos semanas de cárcel. Así lo decidió ayer el Parlamento danés tras respaldar la reforma urgente del código penal propuesta por el Gobierno integrado por liberales y conservadores. 

La mendicidad en el país nórdico ha pasado de ser un medio de supervivencia a ser un delito cuando se ejerce en zonas peatonales, en infraestructuras y transporte público o a las puertas de negocios comerciales. La razón que esgrime el Gobierno para justificar la medida es que los mendigos pueden suponer un «peligro para la seguridad ciudadana», una tesis que han respaldado también los socialdemócratas y los xenófobos del Partido Popular Danés, que en esta ocasión han votado de la mano para limpiar las calles danesas de mendigos.

Solo algunos partidos de centro e izquierda se han atrevido a arremeter en público contra una medida que califican de «discriminatoria» y «vergonzosa» por cuanto está enfocada a atacar a  grupos de mendigos de procedencia extranjera y de etnia mayoritariamente gitana que piden por las calles de las principales ciudades. Sin ir más lejos, el propio primer ministro,  Lars Løkke Rasmussen, llegó a advertir a esta comunidad de que al Gobierno no le temblará el pulso con ellos: «No vamos a aceptar gitanos que creen inseguridad», blandió el liberal. Unas declaraciones que la oposición ha considerado «irresponsables» por incitar al odio y la estigmatización de esa minoría. 

Aprovechando el revuelo político que ha generado la reforma, la ultraderecha exigió la expulsión inmediata del país de cualquier refugiado o que sea detenido mendigando en la calle, una iniciativa que no prosperó.. A pesar de ello, algunos políticos sacaron pecho tras la votación. «Esperamos que afecte a muchos criminales extranjeros ambulantes que piden y roban en las calles de Copenhague. Dinamarca no puede ser la oficina social de la UE», aseguró el ministro de Justicia, el conservador Søren Pape Poulsen.

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