Un libro culpa al ejército mexicano de la masacre de los jóvenes de Iguala
INTERNACIONAL
El estudio considera que es probable que el presidente, Enrique Peña Nieto, conociera las circunstancias reales de la tragedia de los estudiantes
15 ago 2016 . Actualizado a las 19:20 h.La tragedia de los estudiantes de Iguala se llevó a cabo bajo el mando directo del Ejército, con el probable conocimiento del presidente, Enrique Peña Nieto, y es, ante todo, una prueba de la corrupta red del poder en México, según dijo a Efe el periodista de investigación Francisco Cruz.
A través del asesinato de uno de los estudiantes, Julio César Mondragón, aquella fatídica noche en que murieron seis personas y desaparecieron 43 jóvenes, La Guerra que nos ocultan (Planeta) tira de muchos hilos hasta lograr en una minuciosa, e incómoda para muchos, investigación que conjuga narcotráfico, minería y Estado. «Hay una confabulación manejada desde el Ejército pero planteada desde el Estado», dijo Cruz, autor del libro junto con Félix Santana y Miguel Ángel Alvarado.
Los padres de los 43 desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala siempre han pedido poder investigar al 27 Batallón del Ejército, asentado en ese municipio del sureño estado de Guerrero, pero la exigencia ha caído en saco roto. En el libro, revelan la presencia de miembros del Ejército: «En voz de militares, documentamos verdaderamente» que el centro de control de seguridad de Iguala «lo controlaban militares encubiertos», explicó.
«En el operativo de Iguala había encapuchados que no sabemos si eran policías, si eran narcos o si eran militares, pero eran dirigidos por una persona y se movían como militares», agregó.
La orden de aplacar este movimiento estudiantil, no obstante, pudo venir desde más arriba: «En este país es difícil, si no imposible, que el presidente no estuviera enterado, pero con Peña Nieto todo puede pasar», esgrimió Miguel Ángel Alvarado.
La tragedia de los estudiantes no fue fruto de trágicas circunstancias, sino que se planificó de antemano y buscaba amedrentar a los movimientos sociales y dar vía libre al narcotráfico, que trabaja con las mineras, sostienen los autores. Desde su punto de vista, en lugares como Guerrero, Oaxaca, Chiapas o el Estado de México, es inevitable la colaboración entre narco y minería, pues ambos usan el territorio ya sea para explotar yacimientos o para sembrar amapola o marihuana.