Londres da más autonomía a Escocia

La Cámara de los Comunes dio ayer su visto bueno a la Ley de Escocia, que incluye la ampliación de la autonomía prometida durante la campaña del referendo de independencia de septiembre del 2014 que ganó el no. La ley fue enmendada a última hora para acercarla a las posiciones de los independentistas.

El proyecto de ley inicial encontró una oposición rotunda en las filas del Partido Nacional Escocés (SNP), porque no reflejaba las promesas electorales ni las conclusiones posteriores de la Comisión Smith, que hizo público un consenso entre partidos sobre qué competencias adicionales debían transferirse a Edimburgo. El Gobierno conservador, con un solo diputado en Escocia, que es el ministro para la región, aceptó una de las críticas principales y la ley incluye ahora el derecho de aumentar los subsidios transferidos. De esa manera, la ministra principal, Nicola Sturgeon, podrá ofrecer una política de protección social más extensa que la de los conservadores de Londres.

La norma, que transfiere a Edimburgo la responsabilidad de fijar el impuesto sobre la renta y parte del IVA, y los subsidios de vivienda y desempleo, añade competencias a una autonomía que ya tiene potestades en educación, sanidad y seguridad. Incluye una cláusula por la que el Parlamento escocés no puede ser disuelto salvo mediante la celebración de un plebiscito. La ley será ahora debatida en la Cámara de los Lores, donde no sufrirá modificaciones significativas.

En la tramitación de la primera ley de autonomía escocesa, en 1998, un ministro laborista, lord Sewel, afirmó que el Parlamento de Londres no legislaría sobre materias transferidas sin el consentimiento previo de Edimburgo y así ha operado esa convención. Para convertirse ahora en ley, aún requiere que el Parlamento autonómico dé su visto bueno. La mayoría del SNP ha aceptado en el pasado normas autonómicas que no le satisfacían plenamente y parece probable que se repita esa actitud pragmática.