Parece inevitable que las discusiones sobre la corrupción en Europa terminen en una reiteración de una evidencia que es a la vez un cliché: hay más corrupción en los países del sur que en los del norte. Es cierto, y no hay gran cosa que decir al respecto, salvo apuntar que los países del este están aún peor. El problema es que de esa aseveración no puede sacarse ninguna lección útil. Solo sirve para poner el foco en el lugar equivocado, en el número de casos y no en los mecanismos que los hacen posibles, y que son en realidad idénticos en todos los países, ricos y pobres, del norte o del sur.
El talón de Aquiles es el mismo en todas partes: la financiación de los partidos y el conflicto de intereses entre lo privado y lo público. La diferente frecuencia con la que se da la corrupción en un lugar u otro es quizás un hecho cultural, pero enmascara otro que es político: salvo dos o tres países poco equiparables por su población, renta y nivel cultural, los siempre citados países escandinavos, casi ningún país europeo ha logrado crear un sistema realmente eficiente contra la corrupción.
Así nos encontramos con que, aunque los escándalos de financiación son más habituales en los partidos de España, Francia o Rumanía, el hecho es que tampoco Suiza ni Suecia tienen normas específicas al respecto, y que las que existen en Gran Bretaña, Dinamarca o Alemania no son claras ni estrictas. La opacidad de las donaciones no es mayor en Suecia, por ejemplo, que en Grecia; simplemente hay menos corrupción por razones sociológicas, pero no mucho mayor control. El lobbying no está regulado, o apenas lo está, en dos de cada tres países europeos. Lo mismo sucede con la transparencia: existen normas en todos los países de la UE, pero se cuentan con los dedos de la mano aquellos en los que la información es realmente accesible.
La regulación, siendo indispensable, tampoco es suficiente. El país con la mejor ley de financiación de partidos es Letonia, el teóricamente más transparente es Eslovaquia y Polonia el que tiene un reglamento más estricto para sus parlamentarios, pero ninguno de ellos está entre los países menos corruptos. Es simplemente el efecto de las exigencias del proceso de adhesión a la UE que, desgraciadamente, ahora sabemos que, sin una vigilancia adecuada, se desvanece con el tiempo.
Ha sucedido en Hungría, República Checa y otros países que ingresaron en 2004: desde su entrada, sus índices de corrupción han empeorado en vez de mejorar. La propia UE no está en condiciones de marcar el camino: cuando presentó su informe sobre la corrupción a principios de este año, el capítulo en el que se analizaban las irregularidades internas de la propia organización, desapareció misteriosamente del borrador final. Y ahora, el caso Juncker, en el que el presidente de la Comisión Europea será investigado por la organización que él mismo preside. La corrupción puede tener raíces históricas y condicionantes culturales, pero la lucha contra la corrupción no las tiene: es una cuestión de voluntad e imaginación.