De pronto, hay acuerdo en toda China sobre el hecho de que «la reeducación a través del trabajo» (Laojiao) es algo malo, y que es conveniente acabar con toda la red de campos de trabajo que pueblan el país. La televisión estatal emitió ayer programas especiales sobre la decisión. Wang Gongyi, del Ministerio de Justicia, atacó el viejo sistema: «No es bueno para la protección de los derechos humanos que se pueda privar a los ciudadanos de sus libertades personales sin orden judicial».
Según los datos del Ministerio de Justicia, a principios de este año quedaban en toda China 260 campos de trabajo con 160.000 internos. Los medios estatales sostienen que la mayoría se encuentran vacíos o que han sido transformados en centros de otro tipo.
Los campos fueron creados a finales de los años 50 como la versión china de los «gulags» de la Unión Soviética. La policía podía hacer desaparecer en su interior a disidentes o delincuentes. No hacía falta que interviniera un juez y se consideraba imposible apelar la medida.
Su extinción parece un avance, pero los defensores de los derechos humanos no ven motivos para celebraciones. La organización Chinese Human Rights Defenders alerta de que las autoridades han creado un sistema de «cárceles en la sombra» en el que hacen desaparecer a los activistas que les molestan.
Los administradores de algunos campos no ocultan, de hecho, su intención de seguir cumpliendo con sus tareas de la misma forma que antes. Un empleado del «Centro de Rehabilitación de Tiantanghe», que acaba de ser rebautizado, declaró a los medios estatales: «Ofrecemos apoyo físico y mental a personas que quieren escapar de sus problemas con las drogas». Los empleados de la institución recibieron un curso acelerado sobre la forma de tratar a los drogadictos. Ahora solo resta cambiar los carteles de la entrada y todo seguirá más o menos igual.