El Gobierno británico ha emprendido una batalla contra el Tribunal de Estrasburgo, al que acusa de socavar la democracia y fomentar el crimen en el Reino Unido. Theresa May y Chris Grayling, ministros de Interior y Justicia, han revelado que planean introducir una la ley para que las decisiones de los jueces británicos predominen sobre las de los europeos.
Según los ministros, el artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que protege el respeto a la vida familiar, debe ser modificado ya que gracias a él delincuentes extranjeros evitan ser deportados. «Nos hemos encontrado con un buen número de casos en los que se le ha concedido el derecho a permanecer en este país a personas culpables de delitos tan graves como la violación», apuntó May.
Según el Gobierno, entre 2011 y 2012, casi 200 delincuentes de fuera del Reino Unido evitaron ser deportados tras acogerse al citado artículo 8.
Lord Neuberger, presidente del Tribunal Supremo británico, advirtió del peligro que supone que los políticos se inmiscuyan en el terreno de los jueces y recordó a la ministra que la Declaración de Derechos Humanos se opone a que ningún ser humano sea objeto de torturas.