Los arrestos provocaron una fuerte polémica ya que algunos expertos llegaron a poner en duda que los detenidos estuvieran realmente implicados en las violaciones. «Los están obligando a ellos a que se digan culpables de la violación que ocasionaron a las españolas», dijo el comisario suplente de la localidad de Lomas de Chapultepec, Adrián Sánchez Silva.
Los familiares de los detenidos presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Alegaron que los integrantes de la Policía Federal y de la Procuraduría estatal (Fiscalía) que realizaron los arrestos «no presentaron una orden judicial» y que, además, «los torturaron». Sánchez Silva precisó que un comandante de la Fiscalía le confirmó que seguirán «tumbando puertas» de las viviendas de toda esa zona hasta dar con todos los responsables de la violación de las seis turistas españolas. Por su parte, el comisario de Barra Vieja, Freddy Palma, detalló que en el pueblo fueron interrogadas «de doce a quince personas» en los últimos días en relación con los hechos, y pidió una investigación exhaustiva.
Con todo, Ángel Aguirre, gobernador de Guerrero, uno de los tres estados con mayores índices de violencia de México, rechazó la existencia de «chivos expiatorios».