Lo de menos es si han muerto 34.000 personas desde que se desató la ofensiva contra el narcotráfico hace cuatro años, como dice el Gobierno, o si las víctimas son más de 40.000, como sostienen fuentes independientes, porque en el mejor de los casos se trata de una cifra inasumible. Está a la par del número de vidas perdidas en una guerra de larga duración como la de Afganistán y deja cortas, por poner un ejemplo del mundo del hampa, las que segó la Mafia en la segunda mitad del siglo XX en EE.?UU.
La escalada es inseparable de la opción tomada por el presidente Calderón de poner al Ejército al frente de la ofensiva, y no tanto porque al hacerlo hayan saltado por los aires garantías democráticas, sino porque la actuación militar ha tenido como consecuencia una descentralización de la violencia. Esto es, desencadenó dos guerras a mayores de las que el Estado libra contra el narcotráfico como un bloque: la que enfrenta a distintas bandas entre sí por el control del territorio en las zonas que quedan libres de marca y las que se producen en el interior de algunos grupos por el liderazgo allí donde quedó vacante por muerte o detención de los titulares.
Se ha pasado, por tanto, de una geografía parcelada en torno a seis o siete carteles con fronteras claramente delimitadas, con cadenas de mando bien establecidas y cohesión interna, a una fragmentación que favorece el descontrol. Es la causante de la adopción de modalidades de negocio, independientes del narcotráfico, como el secuestro o la extorsión a gran escala, pero también de un aumento de la brutalidad criminal para demostrar la fuerza que se tiene y que se traduce en matanzas cada vez más aberrantes.
La tragedia se agrava porque en las zonas donde el Ejército o la policía logran decapitar a los grupos que las dominan, el Estado no consigue imponer más tarde su agenda, sino que deja un vacío que propicia la aparición de nuevos grupos salidos de las cenizas de los desarticulados. La evidencia que se desprende de ello es que, además de no rebajar la violencia, la estrategia elegida no permite regenerar el tejido social que ha dañado.