Tan pronto tome posesión, el nuevo Gobierno de Passo Coelho tiene una apretada agenda de tareas pendientes impuestas por el BCE, el FMI y la UE, la troika gobernante de un Ejecutivo con poco margen de maniobra. A finales de julio tendrá la primera evaluación internacional del cumplimiento del plan de ajuste firmado por los tres principales partidos portugueses, a cambio del rescate financiero de 78.000 millones de euros. Estas son las prioridades.
Reforma laboral
Reducir las indemnizaciones por despido. El documento firmado con la troika prevé una rebaja de las indemnizaciones por despido en todos los nuevos contratos, que pasan de 30 días por año trabajado, a solo 10 días de indemnización. La medida tendrá que ser aprobada a finales de julio. La reforma incluye el recorte del subsidio por desempleo, que pasará de un máximo de 3 años a 18 meses.
ajustes
Recorte del gasto y aumento de ingresos. El IVA encarecerá de forma indirecta el gas, la electricidad y el combustible. Además, se impondrán reformas para rebajar el peso del Estado, que incluyen un significativo tijeretazo a la Administración central, municipal y regional, incluidas las empresas públicas.
Privatizaciones
Venta del BPN. Después del primer intento fallido de privatización del Banco Portugués de Negocios, Caixa Geral de Depósitos apura los plazos para encontrar un comprador del banco, una operación que deberá estar hecha a finales de julio, tal y como consta en el compromiso firmado. Entre los candidatos a la compra, BIC Angola, Barclays Bank o Bamco do Brasil.
Derechos especiales
Eliminar las acciones de oro. A finales de julio, el Gobierno portugués también tendrá que haber modificado los estatutos de las empresas en las que el Estado mantiene derechos especiales (la llamada acción de oro). Es el caso de Portugal Telecom, la eléctrica EDP y Galp.
morosidad
Control del gasto. En julio, el Gobierno deberá tener hecho un listado detallado de los pagos pendientes de los organismos públicos.