Egipto celebrará elecciones presidenciales antes de finales de año para traspasar el poder a un Gobierno civil electo en las urnas, anunció ayer la junta militar al frente del país desde la caída de Hosni Mubarak en febrero debido a una revuelta popular.
Las presidenciales tendrán lugar «uno o dos meses» después de las legislativas a las dos Cámaras del Parlamento previstas para septiembre, declaró a la prensa el general Mamduh Shahin, miembro del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas.
El anuncio se hizo durante la presentación de una declaración constitucional que estará en vigor durante el período de transición hasta la instauración de un poder civil.
La Constitución provisional se pronuncia a favor de la democracia y la libertad. «Egipto es un país democrático que garantiza la libertad de religión y opinión», asegura el documento.
Esta declaración retoma muchos elementos de la Constitución heredada de la era Mubarak, ahora suspendida, y le añade enmiendas aprobadas en referendo hace unos diez días.
Los principios de la sharia, la ley islámica, seguirán siendo la «principal fuente» de la legislación egipcia, como lo era en la Carta Magna vigente bajo el mando de Mubarak. El texto también afirma que Egipto es un Estado democrático basado en el principio de la ciudadanía. Confirma que el islam es la religión del Estado, pero retoma las disposiciones que impiden la formación de partidos políticos sobre una base confesional.
País musulmán suní por amplísima mayoría, Egipto cuenta con una comunidad cristiana copta, que representa entre el 6 y el 10% de la población y teme que los cambios políticos se traduzcan en el fortalecimiento de los Hermanos Musulmanes. La revisión limita la presidencia a dos períodos de cuatro años cada uno en vez de un número ilimitado de mandatos de seis.
Nuevo ministro
El primer ministro egipcio Essam Sharaf designó ayer a Zahi Hawass como ministro de Antigüedades. Hawass había indicado este mes que no aceptaría un puesto en el gobierno interino, tras las fuertes críticas respecto al saqueo y mal manejo del patrimonio cultural durante su gestión como secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades.