Los proveedores de servicios telefónicos serán los responsables de los mensajes que emitan los usuarios
22 dic 2010 . Actualizado a las 02:00 h.La Asamblea Nacional venezolana, que culmina sus funciones el 5 de enero, aprobó de urgencia en la noche del lunes las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y de Responsabilidad Social en Radio, Televisión, y ahora «medios electrónicos», con lo cual reduce de 25 a 15 años el tiempo de las concesiones radiotelevisivas privadas y establece a los proveedores de servicios de Internet y telefonía móvil la responsabilidad de los mensajes emitidos por sus usuarios. Además, el Estado pasará a tener una mayor presencia y más control sobre el sector de las telecomunicaciones, que pasa a prestar un «servicio e interés público».
La ley prohíbe además la inversión extranjera «para la prestación de los servicios de radiodifusión sonora y televisión abierta, radiodifusión sonora y televisión abierta comunitarias sin fines de lucro y producción nacional audiovisual».
Las reformas, catalogadas por oposición y oenegés especializadas de restrictivas con la libertad de expresión, se producen en el marco de una arremetida mediante la cual se han aprobado 19 leyes en 16 días. Y estaba previsto que ayer se discutiesen seis normas más. También se habilitó por 18 meses al presidente para legislar en cualquier ámbito, ante la inminencia de la entrada en funciones de un Parlamento mucho más plural que el actual, en el que el oficialismo controla 150 de los 165 escaños.
Derechos de los usuarios
Aunque la oposición no tendrá mayoría en la próxima Asamblea (pese a obtener un 53% de los votos en las elecciones de septiembre), puede impedir la aprobación de leyes orgánicas y la habilitación al presidente.
En la Ley Resorte (de la Ley de Responsabilidad Social) se regulan los contenidos de Internet para, según los portavoces del Gobierno, «prevenir delitos y pedofilia». Sin embargo, la oposición ha señalado que «se cercenan los derechos de los usuarios», como con la Ley de Telecomunicaciones.
La Asamblea también debatirá la reforma del reglamento de debates parlamentarios, y la Ley de Educación Universitaria, que ya ha originado protestas.