Defensores de derechos humanos critican el fallo del Supremo brasileño que mantiene la ley de amnistía

Defensores de los derechos humanos condenaron ayer la decisión del Tribunal Supremo de Brasil de confirmar una amnistía para los represores de la dictadura (1964-85) y acusaron a sus jueces de «sepultar el período más oscuro» de la historia del país. Amnistía Internacional emitió un comunicado condenando la decisión del tribunal, que consideró «una afrenta a la memoria de miles que fueron asesinados, torturados y violados por el Estado». «Al contrario de Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay, Brasil no ha llevado ante la Justicia a los acusados de grandes violaciones a los derechos humanos», señaló. El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió la noche del jueves por 7 votos a 2 que la Ley de Amnistía de 1979, que beneficiaba a los perseguidos políticos, también lo hacía a los represores de la dictadura, y rechazó la petición de la Orden de Abogados de Brasil (OAB) para que dejara fuera a quienes cometieron violaciones, torturas, asesinatos y desapariciones. «Lo que ocurrió en el período más oscuro de nuestra historia continuará sepultado», denunció el presidente de los abogados, Ophir Cavalcante. La OAB estimó que la decisión del STF «es un retroceso en relación con la Constitución y las convenciones internacionales que indican, muy claramente, que la tortura no es un delito político, sino un crimen de lesa humanidad que no prescribe» ni es amnistiable. Ambigüedad La ley de 1979, aprobada en plena dictadura, amnistió «crímenes políticos y conexos», una ambigüedad que fue interpretada como un perdón extendido a los delitos del régimen. «Esa decisión es una apuesta por la impunidad que persiste y sigue alimentando la violencia en Brasil, y además frustra el derecho a la verdad; para nosotros era vital juzgar a los represores, porque solo así conoceríamos cómo y quién mató», declaró Vitoria Grabois, hermana y esposa de víctimas de la dictadura y vicepresidenta de la oenegé Tortura Nunca Mais. Para Grabois, «solo conoceremos la historia de Brasil si ellos la cuentan». El tema levantaba ampollas en el país, con una oposición frontal de los militares y posiciones encontradas en el Congreso y en el Gobierno izquierdista que acoge a ex guerrilleros y ex militantes contra la dictadura. El presidente Lula da Silva, quien también sufrió prisión bajo la dictadura, ha evitado la polémica y ha dicho que lo más importante «no es sancionar a los militares, sino recuperar la historia de aquellos que fueron perseguidos». Incluso el juez Eros Grau, que defendió en el STF la postura de incluir a los torturadores en la amnistía, fue preso político y víctima de torturas. En Brasil, el Estado reconoce 400 desaparecidos y muertos de la dictadura, además de miles de torturados y lisiados por el régimen. El Gobierno ha anunciado su intención de crear una comisión de la verdad para investigar ese período.

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