A los crecientes problemas que han tenido que afrontar los habitantes del eje Ureña-Cúcuta entre Venezuela y Colombia por las restricciones al comercio en la considerada frontera más viva de América, se suma ahora la amenaza del conflicto entre ambos países.
En los fronterizos estados de Táchira (Venezuela) y Norte de Santander (Colombia) se calcula que la mitad de la población (aproximadamente unos dos millones y medio de personas) tiene ambas nacionalidades. Allí es una tradición registrar a los niños recién nacidos en los dos lados de la frontera.
A uno y otro lado, la decisión del presidente Hugo Chávez de congelar las relaciones económicas con Colombia se ha traducido en largas colas para pasar la frontera, en la falta de productos de primera necesidad y en el racionamiento eléctrico. Colombia surte el gas natural que genera la electricidad en todo el occidente venezolano y ha suspendido envíos alegando no razones políticas, sino que tiene que destinarlo a su propia población. Los tachirenses sufren hasta cinco horas diarias de suspensión del servicio eléctrico, a las que se suman el tiempo que deben pasar en las colas para abastecer sus automóviles de gasolina. Los controles para impedir el contrabando de combustible hacia Colombia se han extremado (en Venezuela un galón de gasolina no llega a los doce céntimos de euro; en Colombia su precio es de 1,10).
Además, en el lado venezolano de la frontera son frecuentes las acciones de las FARC y del ELN. El Gobierno colombiano ha acusado al venezolano de actuar en connivencia con estos grupos, que tienen en Táchira y Apure una suerte de santuario para preparar sus actividades. La Cámara Venezolano-Colombiana de Comercio e Integración (Cavecol) hizo una llamada de atención sobre el sufrimiento que implica el conflicto para la población fronteriza. Magdalena Pardo, representante colombiana de la cámara, exigió separar los negocios de la política y afirmó que Colombia espera una resolución favorable a su reclamación ante la Organización Mundial de Comercio por discriminación hacia sus exportaciones. El representante venezolano de la cámara, Luis Russián, fue más allá al indicar que la restricción al comercio significará una caída en las ventas del 14% para Colombia y del 58% para Venezuela.