Los afectados por la mafia argentina de los medicamentos denuncian que fueron víctimas de abusos intolerables
16 sep 2009 . Actualizado a las 19:21 h.«Lo que le hicieron a mi mujer es criminal. Le daban el medicamento 20 días más tarde y encima se lo cambiaban por otro con la mitad de la dosis. Está viva de milagro». Así lo asegura Eduardo Rodríguez, afiliado de la Asociación Bancaria desde hace 29 años. El caso de su esposa, Esther Miraglia, es uno de los que mejor representa la forma de actuar de quienes controlaban hasta el lunes el funcionamiento de la obra social presidida por el sindicalista Juan José Zanola.
«Tengo un problema en la médula porque no genera la cantidad de glóbulos blancos necesarios y por eso los médicos me recetaron Anagredide», relató Miraglia. Según pudo reconstruir Rodríguez, «el laboratorio le entregaba la droga a San Javier [droguería donde se elaboraban las medicinas falsas y cuyo dueño, Néstor Lorenzo, es el principal implicado en la causa] en tiempo y forma. Pero la droguería nos la daba 20 días después y en una dosis de 0,50 miligramos, cuando la prescripción era de un miligramo».
Durante el 2007 y el 2008 Esther estuvo sometida a este tratamiento incompleto y a destiempo, con lo que sufrió «varios empeoramientos que llevaron a un infarto», dijo su esposo.
El de Esther es uno de los numerosos casos escabrosos que airean estos días los medios de Buenos Aires y que han sido incorporados como pruebas en la causa contra la trama mafiosa. Pero otros no tuvieron la suerte de poder contar su historia.
Ángela Vullo de Cibeira era la afiliada número 48.554 de la Asociación Bancaria. Falleció el 17 de mayo del 2006, víctima de una metástasis ósea. «Durante cuatro meses le hicieron quimioterapia con medicamentos provistos por la droguería San Javier. Hasta ese momento ella tenía una vida normal, pero después de la primera aplicación cayó en cama y nunca más se levantó», recordó su hermana María Vullo, también bancaria y afiliada a la obra social. «Fue terrible ver el deterioro que sufrió».
«No me cabe duda de que los dirigentes de La Bancaria son los responsables de la muerte de mi suegro», explicó Inés Juárez, nuera de Armando Iurisci, fallecido en febrero del 2009, víctima de un infarto cerebral, y una de los cientos de damnificados que demandaron a la obra social ante la Justicia. «Él debió haber recibido una droga llamada cinvastatina, pero le daban cualquier otra cosa y eso tuvo relación con su fallecimiento», explicó la mujer.
Mirta Martínez es otro de los terribles casos. Tenía dos hijos afectados de fibrosis quística y ambos murieron a los 19 años. La mujer contó el maltrato profesional y humano que sufrió en el Policlínico Bancario. «No me querían entregar la medicación para sus enfermedades terminales», acusó Mirta Martínez, quien relató que después de fallecer su primer hijo reclamó a la gerente administrativa, Paula Aballay, esposa de Zanola, que le dieran la medicina adecuada a su hija porque se la cambiaban y ella veía que su hija iba a peor. Incluso llegaron a querer darle una medicina de la que tenía que tomar 120 cápsulas por día. Aballay le dijo que era «una resentida social» y que se conformara con «lo que había».
El juez Norberto Oyarbide citó a los responsables de la mafia de los medicamentos para que presten declaración indagatoria. El superintendente de Salud, Ricardo Belayo, ha confirmado que al menos otras siete obras sociales compraban medicamentos a la droguería San Javier.