En una ciudad fuertemente militarizada desde hace días, la policía y la Guardia Nacional venezolanas reprimieron con gases lacrimógenos y perdigones la manifestación que miles de opositores al Gobierno de Hugo Chávez realizaron ayer con motivo del Primero de Mayo por el respeto a la Constitución y a la descentralización política. Los adeptos al Partido Socialista Unido de Venezuela realizaron marchas desde tres puntos de la capital hasta el palacio de Miraflores, sede de la presidencia, en respaldo al proyecto socialista. Los opositores, encabezados por el alcalde metropolitano, Antonio Ledezma, deploraron que el Ministerio del Interior modificara la propuesta del recorrido de la marcha que los llevaría al palacio legislativo, y en cambio los limitaron a llegar a las inmediaciones de la sede de la Fiscalía, a más de dos kilómetros de la Asamblea Nacional, en donde tenían previsto entregar un documento exigiendo al Parlamento que haga respetar la Constitución y la voluntad popular. La Asamblea, controlada por el oficialismo, aprobó esta semana una polémica ley que despoja a Ledezma de todas sus funciones y las concentra en la figura del jefe del distrito capital, designado por el presidente, que ya encomendó la labor a su ex ministra de Medio Ambiente, Jacqueline Faría. Cuando los opositores llegaron a cerca de la Fiscalía, y sin provocación aparente, unos 400 policías, respaldados por otros tantos funcionarios de la Guardia Nacional, arremetieron con gases lacrimógenos y perdigones contra ellos. Camiones que lanzan chorros de agua a presión se encargaron de dispersar la manifestación. Ledezma consideró la acción policial como «una muestra de lo dictatorial que es este régimen», y señaló que el oficialismo «solo busca la violencia y la división, mientras nosotros queremos paz y fraternidad». A su vez, Marino Alvarado, director de Provea, oenegé defensora de derechos humanos, calificó de desproporcionada y discriminatoria la respuesta policial. «Ocho tanquetas y 800 funcionarios para una manifestación mientras a la otra se le dan todos los derechos es una clara discriminación», señaló este abogado, que en 1992 abogó por los derechos humanos de Chávez y sus seguidores.