No estaba pensada para eso, pero la misión de policías, funcionarios, jueces y fiscales que la Unión Europea va a enviar a Kosovo llegará en el momento idóneo para ayudar a los habitantes de ese territorio a poner en marcha la estructura política, legislativa y administrativa que necesitan para empezar funcionar como Estado independiente.
Serán cerca de 2.000 personas, llegadas de veintiséis países de la UE -todos menos Malta-, y su envío se aprobó ayer por un curioso método: el silencio positivo de los Gobiernos comunitarios, que tenían hasta las 24.00 horas de ayer para, en su caso, oponerse al envío de la misión. Nadie lo hizo, y solo Chipre echó mano de un recoveco de las normas de voto de la Unión, el de la abstención constructiva, que permite a un país no apoyar una decisión para la que se requiere unanimidad sin por ello bloquear la iniciativa.
La idea de la UE es que la Eulex Kosovo, como se ha bautizado al contingente y que contará con la ayuda sobre el terreno de 1.100 kosovares y un presupuesto de 205 millones de euros para los primeros dieciocho meses, sustituya dentro de tres meses al contingente de las Naciones Unidas, que hasta ahora se ha encargado de tutelar la vida administrativa del territorio.
Ese grupo cuenta con la colaboración de una quincena de policías, guardias civiles y observadores españoles, que se suman a otros 637 militares que participan en las tareas de control que desarrolla la OTAN en la provincia kosovar.
El objetivo de la misión de la UE es mantener la protección de las minorías, contribuir a la lucha contra el crimen organizado y poner coto a los elevados niveles de corrupción que padece la débil estructura administrativa del territorio.
Esa tarea se complicará proporcionalmente a la reacción de Serbia a la declaración de independencia que el Parlamento kosovar prevé promulgar hoy. La base jurídica sobre la que la UE ha creado su misión es la resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de la ONU, que habla de una provincia autónoma de Serbia sin referirse en ningún momento a la posibilidad de que pueda convertirse en Estado independiente.