La Asamblea Nacional (AN) venezolana aprobó ayer el proyecto de reforma constitucional impulsada por el presidente Hugo Chávez y ordenó remitirlo al Poder Electoral para la convocatoria de un referendo. La mayoría calificada de la AN, de 167 miembros, todos oficialistas porque la oposición no se presentó a las elecciones del 2005, aprobó el proyecto de reforma de 69 de los 350 artículos de la Carta Magna Bolivariana de 1999.
La presidenta de la AN, la oficialista Cilia Flores, ordenó remitir el proyecto al Consejo Nacional Electoral (CNE) «a fin de activar el referendo popular», que está previsto que se celebre en diciembre. El CNE deberá convocar la consulta popular para que se celebre dentro de los 30 días siguientes tras recibir el documento, de acuerdo a la ley vigente.
La propuesta de reforma se aprobó después de una última lectura del texto, que en un principio modificaba los 33 artículos propuestos por Chávez el pasado 15 de agosto, a los que los legisladores fueron añadiendo otros cambios hasta sumar 69. Todos los diputados, a excepción de un puñado del partido Podemos (izquierda), aprobaron el proyecto de reforma.
Ismael García, diputado de Podemos, insistió en que la magnitud de los cambios propuestos requería una Asamblea Nacional Constituyente, y reiteró que la mayoría de la población desconoce el contenido del proyecto, al sostener la necesidad de posponer la consulta popular prevista para diciembre.
El portavoz de Fedecámaras, la patronal venezolana, José Manuel González, instó «a votar en contra» de la propuesta de reforma constitucional y «manifestarse» para evitar su aprobación. Para González «hoy [por ayer] se entierra la democracia en Venezuela».
El sector más extremista de la oposición agrupado en torno al llamado Comando Nacional de la Resistencia ha convocado para hoy una concentración en la capital venezolana en rechazo a la propuesta.
González calificó la entrega del texto de la reforma constitucional en el CNE por parte de diputados de la AN como «cortejo fúnebre». «Unos asambleístas sordos pretenden conducir a la tumba los derechos de emprendedores formales e informales, trabajadores obreros, amas de casa, estudiantes y pueblo en general», agregó el líder de la patronal.