La crisis por la existencia en el mundo de 23,7 millones de desplazados en sus propios países necesita de una urgente respuesta, dijo ayer el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Jean Egeland, que resaltó los casos alarmantes de la región sudanesa de Darfur y de Colombia. «Colombia es un ejemplo de país en el que la crisis por los desplazados dura más de una generación. El número de desplazados es enorme, ya que afecta a dos, tres o cuatro millones de personas, según diferentes organismos», indicó Egeland al presentar un informe sobre la situación de esas personas, que fue elaborado por el Consejo Noruego para los Refugiados (CNR). Sobre el caso concreto de Colombia, un país que para la ONU tiene dos millones de desplazados, Egeland indicó que «el problema es que pocas personas pueden volver, y las cifras se van acumulando. Lo que ha ido mal es que no se ha proporcionado seguridad a los desplazados». «En la mitad de América tenemos a millones de personas que viven en medio de un miedo constante. Creo que esa debería de ser una prioridad para el Gobierno, pero también tienen muchas responsabilidades la guerrilla y los paramilitares para acabar con ese conflicto sin sentido, y proteger a sus ciudadanos», afirmó Egeland. La responsable del CNR, Elizabeth Rasmusson, presentó ayer en Ginebra su informe anual sobre la situación de las personas desplazadas por conflictos en el mundo, que en el 2005 llegaron a los 23,7 millones. «La mayoría de los gobiernos de países afectados por conflictos fracasaron en cumplir con sus responsabilidades para prevenir los desplazamientos arbitrarios y asegurar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos afectados por el problema», dijo Rasmusson. Sudán, Colombia, República Democrática del Congo (RDC) e Irak son los países identificados por los expertos del CNR como los que en el 2005 registraron mayores desplazamientos. Los desplazados en Sudán son 5,4 millones, seguidos por Colombia (3,7 millones), Uganda (2 millones), la RDC (1,7 millones) e Irak (1,3 millones), hasta un total de 50 países, incluyendo a México, Perú y Guatemala, señala el documento, en que también se dice que las víctimas sufrieron violaciones y otros abusos, además de ver sus propiedades saqueadas. Mientras que desde 1951 hay legislación internacional que protege a las personas que abandonan sus países para refugiarse en otros, no ocurre lo mismo cuando esas víctimas se quedan dentro de las fronteras de sus naciones.