El Gobierno reconoce que la situación en Puno es «incontrolable» Un concejal también resultó muerto y otros dos fueron secuestrados por los aimaras
27 abr 2004 . Actualizado a las 07:00 h.El Gobierno peruano afirmó ayer que la situación en la ciudad de Ilave, capital de Collao, en la región de Puno (sur del país), es «incontrolable» y «muy grave», después de que un grupo de indígenas aimaras asesinaran el lunes a su alcalde, Cirilo Robles, según reconoció el ministro del Interior, Fernando Rospigliosi. Rospigliosi advirtió que el Ejecutivo de Alejandro Toledo no descarta adoptar la declaración de estado de emergencia «con el fin de evitar más violencia», e informó de que la policía ha recibido la orden de defenderse con sus armas, después de que fuese atacada una comisaría y liberado a tres detenidos relacionados con el asesinato del alcalde de Ilave y su edil, Arnaldo Chambilla. La sangrienta jornada se saldó además con la desaparición de 19 personas, así como con la hospitalización del concejal Uriel Aguilar, quien se encuentra en estado grave. Además, otros dos concejales permanecen secuestrados por campesinos. Los sucesos ocurrieron 24 días después de que los pobladores iniciaran una huelga para exigir la renuncia o destitución del alcalde, al que acusaban de corrupción y nepotismo. La protesta supuso el bloqueo del puente que une Puno (Perú) con Desaguadero (Bolivia), lo que ha dificultado el tráfico en la frontera. El ministro del Interior peruano señaló que Robles decidió volver el lunes a Ilave, para celebrar una reunión del concejo municipal, a pesar de las recomendaciones en contra de las autoridades policiales. Al enterarse de su presencia, miles de pobladores de Ilave se dirigieron hacia su vivienda y, tras capturarlo y maniatarlo, lo trasladaron a la plaza para pasearlo ante de 15.000 personas, algunas de las cuales lo golpearon hasta causarle la muerte, según relató el prefecto del departamento de Puno, Edgar Mamaní. El cuerpo de Robles, que murió por «múltiples laceraciones» y «desangramiento de órganos internos», fue encontrado debajo de un puente. Interior culpó de su muerte a los promotores de la protesta, Valentín Ramírez (dirigente aimara y presidente del frente de defensa de los intereses de la provincia) y Edgar Jerónimo.