Expertos consultados por La Voz ven difícil que prospere un proceso contra el presidente Los jueces de la Audiencia Nacional aún no han decidido qué hacer con las primeras querellas.
31 mar 2003 . Actualizado a las 07:00 h.Los ciudadanos que en la última semana han colapsado con sus denuncias algunos juzgados españoles no lo tendrán fácil para ver a José María Aznar sentado en el banquillo. En la Audiencia Nacional aún no se han pronunciado sobre dos querellas presentadas por Los Verdes y un colectivo pacifista de Soria, las dos primeras iniciativas, y todo hace indicar que ambas serán remitidas al Tribunal Supremo. Varios juristas consultados por La Voz coinciden en señalar que, con el Código Penal en la mano, no es descabellado pensar que el Ejecutivo español puede haber cometido algún delito. Sin embargo, todos están de acuerdo en que en la práctica será más que difícil iniciar un procedimiento legal.El primer campo de batalla se ha planteado en la Justicia española. Para el penalista Carlos Martínez Buján, estamos ante un caso de interpretación del espíritu de la ley. Es evidente, dice, que España no ha declarado formalmente una guerra, pero es que «hoy las guerras ya no se declaran». Sin embargo, entiende que sí hay un auxilio moral, una complicidad con un Estado que ha emprendido un ataque sobre otro. El constitucionalista Roberto Blanco Valdés entiende que detrás de todas estas iniciativas hay un interés político, cuyas responsabilidades deberían exigirse en ese marco. Sostiene, también, que una cosa es determinar que la actual guerra es ilegal, «en lo cual está casi todo el mundo de acuerdo», y otra que quienes la llevan a cabo puedan ser automáticamente declarados «criminales de guerra». El profesor de la Universidade de A Coruña y miembro del colectivo Rede Negras, Xosé Ángel Brandariz, considera que los procedimientos se deberían seguir en la jurisdicción internacional, porque en España «ningún juez tendrá el valor suficiente para plantear un conflicto tan grande de poderes». Hasta ahora, dice, se ha intentado denunciar la existencia o no de requisitos formales para iniciar la guerra. Él prefiere fijarse en el carácter violento del conflicto por sí mismo. «Las noticias que llegan, afirma, son motivo suficiente para hablar de genocidio y crímenes de guerra». Por ello, entiende que el organismo encargado de iniciar el proceso es el recién creado Tribunal Penal Internacional. Siempre y cuando, afirma, no se plantee como un «tribunal de vencedores», que es lo que suele ocurrir con estas instancias.