Hugo Chávez ha perdido su coraza judicial. La reciente decisión del Tribunal Supremo, por la que eliminó el monopolio que tenía la Fiscalía General de la República para poder enjuiciar al presidente venezolano, ha tenido un efecto inmediato: una auténtica ofensiva judicial contra el mandatario. Chávez ya ha sido acusado por financiación ilegal en la campaña electoral con fondos del BBVA y por la matanza de manifestantes durante el golpe, el 11 de abril. Tulio Álvarez, el mismo abogado que logró que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela reconociera que no sólo el fiscal general -próximo al chavismo- pueda enjuiciar al presidente, es el que ahora ha presentado la querella en la que se acusa a Chávez de haber financiado ilegalmente su campaña electoral de 1998 con fondos sucios provenientes del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA). Investigación de Garzón El letrado basa su acusación en los resultados de la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón en España para esclarecer el caso de los fondos ocultos del BBVA. La acusación de Álvarez tiene peso. Y es que el propio ex-presidente del banco español, Emilio Ybarra, ha reconocido el pago a Hugo Chávez de 1,6 millones de euros en dos pagos que tuvieron lugar en 1998 y 1999. El abogado considera que la aportación del BBVA es «irregular» porque «está comprobado que es un dinero sucio » y también porque la ley de partidos de Venezuela prohíbe a los candidatos a la presidencia recibir dinero de empresas extranjeras. En la querella presentada ante el Supremo, Álvarez señala además que Chávez no declaró los fondos recibidos y que la Audiencia Nacional española tiene datos suficientes que demuestran que el presidente recibió los dos pagos en sus cuentas personales. La de la financiación ilegal no será la única denuncia a la que tenga que hacer frente Chávez. De hecho, los familiares de las víctimas de la matanza del 11-A ya han presentado otra en el Supremo acusándole de delitos de «lesa humanidad y crímenes contra la humanidad».