Investigan si los ejecutivos utilizaron información privilegiada
14 ene 2002 . Actualizado a las 06:00 h.OS investigadores del caso Enron quieren saber por qué algunos ejecutivos del gigante de la energía tuvieron tiempo para vender por millonarias cifras su cartera de valores antes de declarar la bancarrota, pero no dejaron hacer lo mismo a los trabajadores. La escandalosa manera en que actuaron algunos ejecutivos de Enron, una empresa que hasta hace menos de dos meses era una de las líderes mundiales del sector de la energía y contaba con 21.000 empleados, indigna a muchos congresistas, que creen que esos directivos usaron información privilegiada. Algunos congresistas, como Joseph Liebermanm, demócrata ex-candidato a la vicepresidencia de EE UU y presidente del comité de Asuntos Gubernamentales del Senado, expresó su preocupación por la situación en que han quedado los trabajadores y advirtió que el colapso de Enron «puede tener gigantescas consecuencias políticas». Y es que a medida que se descubren nuevos elementos de la mayor bancarrota de la historia de EE UU, aumentan también los deseos de muchos estadounidenses por saber de los manejos de la empresa y hasta dónde llegaban sus contactos con la Administración del presidente George Bush. Enron, que llegó a ser la séptima empresa en importancia del país, ha contribuido a las campañas electorales a Bush desde 1993 y, según el Centro para la Integridad Pública, las donaciones han superado los 500.000 dólares. Bush, como su vicepresidente Richard Cheney -quien también recibió contribuciones electorales de Enron-, han dirigido empresas del sector de la energía y ambos tienen vínculos políticos y personales con esa empresa con base en Houston (Texas). Ese grupo, que se dedica a investigar las finanzas de los políticos, tiene previsto publicar un informe con un análisis sobre las finanzas y las afiliaciones profesionales de los cien altos cargos del Gobierno Bush, empezando por el mismo presidente. Ante la posibilidad de que la caída de Enron y los problemas que enfrenta Arthur Andersen -la empresa que le auditó y destruyó miles de documentos que el Congreso solicitaba-, llegue hasta el mismo Gobierno, sus principales miembros han empezado a revelar las veces que fueron contactados. Por ese motivo, un subcomité del Senado envió la semana pasada 51 citaciones a ejecutivos de Enron y de Arthur Andersen, ya que la destrucción de documentos requeridos por el Congreso podría constituir un delito de obstrucción a la Justicia. El secretario del Tesoro de EE UU, Paul O''Neill, dijo el domingo que nunca habló ni con sus subordinados ni con sus superiores sobre el caso Enron y consideró que las conversaciones mantenidas con ejecutivos de la empresa en bancarrota no eran inusuales. Añadió que no dio importancia ni consideró inusual que el presidente y director ejecutivo de Enron, Kenenth Lay, le llamara en un par de ocasiones antes del colapso de la empresa. La situación de los trabajadores de esa empresa, de los que 5.000 fueron despedidos el mes pasado también preocupa a los congresistas. Enron presentó su bancarrota el 2 de diciembre, y ese mismo día el valor de sus acciones se desplomó de una media de 90 dólares a menos de uno y la mayor parte de sus trabajadores, además del empleo, perdieron sus fondos de jubilación. Antes del colapso 29 ejecutivos de Enron vendieron 17,3 millones de acciones de la firma, valoradas en unos 1.100 millones de dólares, entre 1999 y mediados de 2001, y aunque no hay prueba de que las ventas hayan sido ilegales, ya hay demandas de por medio.