Los 45 minutos de trabajo en el Despacho Oval -traductores de por medio- y el almuerzo en el Viejo Comedor Familiar no fueron suficientes para que Bush y su «amigo José María» avanzaran en el tema de las extradiciones. Los presuntos miembros de Al Qaida detenidos en España se enfrentarían a un posible juicio ante un tribunal militar de excepción y quizás a una condena a muerte si fueran extraditados. Dos eventualidades contrarias a la legislación española. Por ahora, el problema se solucionó con pragmatismo. «EE UU no ha pedido la extradición de ningún miembro de Al Qaida», afirmó Aznar. Ambigüedad ¿Y cuando así ocurra, si llega a ocurrir? El inquilino de la Moncloa ofreció una respuesta tan ambigua como cabría esperar cuando no se ha dado con una salida. La extradición, dijo, «se hará respetando los procedimientos y las reglas legales de la legislación española y de la legislación americana». Las reglas ilegales de la legislación han sido descartadas. Por lo demás, Bush y Aznar reiteraron su condición de aliados y su propósito de cooperar en la lucha antiterrorista. Bush agradeció los arrestos y la ayuda española. Y prometió que «nuestra nación ayudará a España a combatir el terror de todas las formas posibles». Aznar le correspondió: «España apoya, ha apoyado y apoyará el esfuerzo de EE UU por localizar, erradicar y eliminar la amenaza terrorista en el mundo». Su comparecencia ante la prensa fue breve, ya que, explicó Bush en un alarde de hispanohablante, «tenemos hambre y por eso solamente cuatros preguntas» (sic).