Las medidas decretadas por la Casa Blanca restringen derechos civiles y facilitan actuaciones judiciales y policiales cuestionables Desde los atentados del 11 de septiembre, la Administración Bush no ha perdido el tiempo para aprobar una serie de decretos que restringen los derechos civiles de los extranjeros. Las medidas se han visto acompañadas del temor a que faciliten actuaciones judiciales y policiales cuando menos cuestionables.
15 nov 2001 . Actualizado a las 06:00 h.1 Tribunales de excepción. Los extranjeros «sospechosos» de terrorismo o de actos preparatorios que hayan causado o amenacen con causar incluso «efectos adversos» a Estados Unidos podrán ser juzgados mediante tribunales militares secretos «ad hoc» establecidos por el secretario de Defensa. Será el propio Bush quien determine a qué sospechosos se aplica este procedimiento extraordinario y sumario. La medida fue decidida por la Administración sin contar con el Legislativo. 2 Interrogatorios y detenciones masivas. El Departamento de Justicia ha ordenado el interrogatorio de más de 5.000 varones de entre 18 y 33 años, normalmente originarios de Oriente Medio, que hayan entrado en el país desde el 1 de enero del 2000 con visados de estudios, negocios o turismo. Se les preguntará por sus actividades en América, su experiencia con armas y su relación con grupos terroristas. Más de mil inmigrantes han sido detenidos desde los atentados por infracciones ajenas al terrorismo. 3 Discriminación a la hora de emitir visados. El Departamento de Estado ha establecido un proceso especial para conceder visados a los varones de entre 16 y 45 años de 26 países, musulmanes en su mayoría. La solicitud se ha de acompañar con un cuestionario sobre servicio militar, pasados viajes o conocimientos de armas de fuego. El proceso será supervisado por el FBI. El visado exigirá un plazo de espera de hasta 20 días. 4 Violación del secreto en las relaciones cliente-abogado. El pasado 30 de octubre, el fiscal general autorizó que los funcionarios policiales escuchen y registren las conversaciones entre las personas que estén bajo custodia federal y sus letrados cuando el propio fiscal general determine que existe una «sospecha razonable» de que las comunicaciones tienen alguna relación con el terrorismo. También se podrá leer la correspondencia que se crucen. En principio, se ha prometido que la información no se utilizará ante los tribunales sino sólo para impedir atentados. 5 Mayores plazos de detención sin acceso a los tribunales. En este caso, la Administración actuará con el beneplácito del Congreso, gracias a la ley antiterrorista aprobada el 27 de octubre. Los inmigrantes sospechosos podrán ser detenidos para ser interrogados durante una semana sin necesidad de que las autoridades presenten cargo alguno. Definir quién es o no «sospechoso» de terrorismo corresponderá al fiscal general (ministro de Justicia). 6 Escuchas telefónicas y electrónicas. La misma ley antiterrorista permite que se dicten autorizaciones judiciales para «pinchar» todos los números de teléfono que utilice un sospechoso. También facilita el seguimiento de las páginas web que visite en Internet y la interceptación del correo electrónico que reciba o emitan los indiviudos investigados. Estas disposiciones caducarán en cuatro años si no son renovadas por el Congreso. 7 Órdenes de registro más amplias, penas mayores y nuevos tipos penales. La ley antiterrorista ilegaliza la posesión de sustancias que puedan utilizarse como armas químicas y biológicas. Prevé sanciones para las entidades y las naciones que no proporcionen información bancaria de los grupos e individuos sospechosos. Y endurece las penas para los condenados por terrorismo y para quienes los financien o den refugio. El principal objetivo de todas las medidas extraordinarias han pasado a ser los extranjeros. Aunque sorprendente en un país donde casi todos los ciudadanos tienen sus raíces en otras latitudes, la aversión a lo exótico no es ninguna novedad. Los atentados de las Gemelas tienen también precedentes, más allá de la bomba de 1993. El 16 de noviembre de 1920 se produjo una impresionante explosión frente a la Banca J.P Morgan, junto a Wall Street. Un libro, Divided We Stand, sobre el World Trade Center pero anterior al 11-S, publicado por el catedrático de la Universidad de Nueva York Eric Darton, describe así lo que sucedió entonces: «La indignación pública por la explosión sirvió como un pretexto oportuno para las redadas masivas de radicales ?particularmente extranjeros? seguidas de un ciclo de deportaciones, extradiciones, procesamientos, confesiones falsas y suicidios en prisión (...) Después de cuatro años de concienzudas investigaciones, un retrasado mental confesó (haber cometido el atentado). Finalmente, en 1930, diez años de «cacería masiva se interrumpieron», sin que nunca se llegaran a identificar a los responsables del acto terrorista.