Fue en 1989 cuando el Supremo dio luz verde a la ejecuciones de criminales con minusvalías psíquicas. Para justificar la decisión, la magistrada Sandra Day dictaminó que «no hay pruebas suficientes de que exista un consenso nacional contrario» a este tipo de condenas, y que las convierta en castigos «crueles e inusitados». Pero en aquel año, sólo dos estados -Georgia y Maryland- prohibían que esos delincuentes fueran enviados al verdugo. Actualmente son ya trece, que si se unen a los doce que no han aprobado siquiera la pena capital equivalen al 50% de los que integran la Unión. Un letrado de McCarver, Seth Cohen, lo expuso de esta manera: «Es hora de que esta corte valore si la sociedad americana ha cambiado lo suficiente durante la década pasada como para que la ejecución de deficientes mentales viole ahora los estándares americanos de decencia». En esos diez años se ejecutaron 35 reclusos con claras muestras de deficiencias. Se estima que en torno al 10% de los casi 3.000 que están en el corredor de la muerte sufren esa disfunción. California ejecutó ayer a su primer recluso en un año. Robert Massie llevaba casi 30 años esperando turno y renunció a más apelaciones.