El ex-dictador chileno se enfrenta a la posibilidad de ser juzgado en su país, después de ser desestimada su extradición a España en enero Apenas cuatro días después de la llegada de Pinochet a Santiago de Chile en olor de multitudes, el juez Juan Guzmán Tapia solicitaba a la Corte de Apelaciones chilena que levantase la inmunidad parlamentaria del ex-dictador para poder someterlo a juicio. Guzmán decía tener suficientes pruebas para procesar al senador vitalicio por su responsabilidad en la muerte de 33 personas y la desaparición de otras 59 a manos de la llamada «caravana de la muerte», un órgano de represión que actuó durante los días que siguieron al golpe de Pinochet en 1973.
22 dic 2000 . Actualizado a las 06:00 h.Las presunciones sobre la responsabilidad de Pinochet en los delitos se basa en que el general que lideraba la comitiva, Sergio Arellano Stark, actuó como delegado especial del ex gobernante militar en cumplimiento de órdenes suyas. Algo más que un símbolo La petición de Guzmán parecía ser puramente simbólica, una manera de revindicar la imagen de Chile ante el mundo. Sin embargo, el Estado decidió personarse en las querellas presentadas contra el ex-dictador. La decisión fue tomada cuatro días antes de que el nuevo presidente del país, el socialista Ricardo Lagos, tomara posesión de su cargo, y dejaba bien claro que las cosas habían cambiado en Chile. Habían cambiado tanto que el 8 de agosto la Corte Suprema decidió retirar la inmunidad parlamentaria al senador vitalicio, lo que dejaba la puerta abierta a su enjuiciamiento. Las investigaciones siguieron su curso y, en el mes de diciembre, Guzmán ordenó el procesamiento del anciano ex-dictador, condicionada al resultado de los exámenes médicos que debían dictaminar si estaba o no en condiciones de soportar un juicio. De nada sirvieron las disculpas presentadas días antes por Pinochet, aunque con la boca pequeña, por la violencia que rodeó a su régimen: Guzmán ordenó, además, su arresto domiciliario Errores de forma La Corte de Apelaciones chilena dejó sin efecto la orden de procesamiento debido a ciertos errores de forma en el auto dictado por el juez, que ya ha reiniciado el proceso. Una pequeña victoria para la defensa de Pinochet, que, en principio, conseguirá de este modo que su defendido salude al nuevo siglo en libertad. Pero el nuevo proceso se inicia también con vueltas de tuercas. Los abogados querellantes pidieron a Guzmán que los exámenes médicos al ex-dictador le sean practicados en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por considerar que es un centro imparcial, y no en el Hospital Militar.