La Xunta reclama al Estado la gestión del ingreso mínimo vital porque apenas llega al 20 % de los hogares en situación de pobreza
GALICIA
El director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, plantea una ventanilla única para esta prestación y para la Risga
05 mar 2026 . Actualizado a las 18:16 h.El Gobierno gallego ha vuelto a reclamar este jueves al Estado la gestión del ingreso mínimo vital (IMV) con el objetivo de que pueda llegar a quien más lo necesite. Así lo ha explicado esta mañana en el Parlamento gallego Arturo Parrado, director xeral de Inclusión Social, quien ha advertido de que esta prestación —un instrumento idóneo pero mal ejecutado, ha dicho— debe alcanzar a más hogares en situación de pobreza, porque ahora apenas cubre al 20 % de familias en esta situación, tal y como reflejan los últimos datos de la AIReF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal). «A pésima xestión e a falta de coordinación coas comunidades por parte do Goberno central na aplicación do IMV fai que esta prestación non estea a conseguir o seu obxectivo», ha subrayado el alto cargo de Política Social, que ha comparecido este jueves en comisión.
La intención de la Xunta es establecer una «ventanilla única» para tramitar de forma paralela la renta de inclusión social de Galicia (Risga) y el IMV y tratar así de solucionar «algunhas incompatibilidades problemáticas» que ahora hay entre ambas, aparte de agilizar y simplificar los trámites. Parrado ha insistido en que este es uno de los motivos de que la anunciada reforma de la Lei de Inclusión Social de Galicia del 2013 «non se leve a cabo», puesto que está «supeditada» a la concesión de la gestión del IMV a la comunidad, comprometida por el Gobierno central, pero que sigue sin concretarse.
Los grupos de la oposición, BNG y PSdeG, han coincidido en que la reforma de esta ley, anunciada ya en el año 2020, debe ser ahora una prioridad, porque debe pasarse «dun sistema de emerxencia e de carácter asistencialista, a outro que permita resolver un problema estrutural co obxectivo de garantizar unna vida digna para todos», en palabras de la diputada del PSdeG, Silvia Longueira. Por su parte, la viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, también ha incidido en esta cuestión porque la ley de inclusión es un «elemento básico» para adaptar las políticas públicas a la «realidade socioeconómica actual» de Galicia. El Bloque plantea la reforma de la Risga para que sea complementaria con el IMV y regular la Tarxeta Básica como recurso «ponte» mientras no se accede a estas prestaciones.
La situación gallega
En su comparecencia en el Parlamento gallego, el director xeral de la Xunta puso en valor que, en los últimos años, Galicia ha logrado que los indicadores de pobreza y exclusión social mejorarse considerablemente. Y se remitió a la tasa Arope, que se sitúa, según dijo, 3,6 puntos por debajo del promedio nacional. A pesar de este dato, reiteró que mientras haya personas en dificultades económicas y sociales seguirán «adoptando todas as medidas e esforzos que sexan necesarios». Sobre esta cuestión, Arturo Parrado señaló que la planificación, la coordinación y la financiación son los ejes para mejorar la vida de las personas y familias en riesgo de exclusión. En estas líneas principales enmarcó la Estratexia de Inclusión Social de Galicia 2023-2030, el trabajo conjunto con los ayuntamientos y entidades y los 130 millones de euros de presupuesto específico que tiene este año la Dirección Xeral de Inclusión Social.