El Gobierno asturiano ultima llevar ante la Justicia la prórroga de su autopista, considerada por Europa igual de ilegal que la AP-9
GALICIA
El presidente de la Xunta considera que el Ejecutivo de Sánchez no tiene intención de traspasar a Galicia la titularidad del vial explotado por Audasa
27 oct 2025 . Actualizado a las 16:43 h.El Gobierno del Principado de Asturias está decidido a liderar el frente institucional contra el mantenimiento del cobro de peajes en la autopista AP-66 (León-Campomanes), e incluso llevar esa disputa ante la Justicia. Como en el caso de la AP-9 gallega, la Comisión Europea estimó que la prórroga que amplió en ambos casos la concesión de los dos viales hasta los 75 años no cumplió la legislación comunitaria, por lo que considera que las dos infraestructuras están siendo explotadas actualmente de manera irregular. A cuenta de ese dictamen, el Principado anunció hoy que solicitará al Ministerio de Transportes la reversión de oficio de la prórroga que estiró hasta el año 2050 la concesión de su autopista, también en manos de una sociedad del grupo Itínere como la gallega.
La petición que el Principado hace al Gobierno es el paso previo a denunciar ante los tribunales la situación irregular que se mantiene en su caso en la llamada autopista de la Huerna. El consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias asturiano, Alejandro Calvo, advirtió al dar cuenta de su reclamación al Ejecutivo central, que el Principado entablará un contencioso administrativo al que «seguramente estará abocado en cuanto no haya una solución en el ámbito político», dio por hecho. El Gobierno central dispone de seis meses para dar una respuesta al asturiano.
«Esperamos que no se agote ese plazo para que haya novedades. Nosotros ya estamos trabajando en el contencioso», avanzó el consejero. La revisión de oficio es un mecanismo que permite a la Administración revisar y anular, si procede, sus propias decisiones cuando resultan ilegales o irregulares y puede aplicarse aunque la decisión ya sea firme, es decir, aunque ya no sea posible recurrirla por las vías ordinarias.
El Principado anunció que la semana que viene mantendrá reuniones con los Gobiernos autonómicos de Galicia y Castilla y León para tratar de consensuar un frente común sobre la AP-66 y la AP-9.
Galicia se centra en la transferencia
Mientras, en Galicia, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, calificó de «gran tomadura de pelo» del PSOE y el Ejecutivo de Pedro Sánchez su rechazo al traspaso de la titularidad de la AP-9 a la Administración autonómica. Pese a haber secundado los socialistas en el Parlamento gallego la citada petición de transferencia, su partido en el Congreso defendió la semana pasada con enmiendas a dicha petición su rechazo a que la autopista pase a formar parte del catálogo de carreteras de la Xunta.
«Todo lo que dijeron y todos los compromisos, al final, cuando llega la hora de la verdad, negativa», señaló el presidente gallego tras la celebración del Consello de la Xunta. «Agradezco que por fin dejen de intentar tomar el pelo a la gente y manifiesten lo que ya sospechábamos, que no tienen ninguna intención, ni el presidente del Gobierno, ni los socios que lo apoyan, de cumplir con aquello con lo que se habían comprometido y con lo que anunciaron en campaña», echó en cara Rueda.
El diputado del PP Celso Delgado preguntará mañana en el Congreso al Gobierno si «tiene voluntad» real de rescatar la concesión para dar cumplimiento a las directrices de la Comisión Europea, y si entra realmente en sus planes transferir la autopista a Galicia. Para los populares, el rescate es la «alternativa más ventajosa para el interés público».