Los nacionalistas reprochan a Rueda que utilice su mayoría para vaciar por la puerta de atrás instituciones clave del autogobierno de Galicia sin que haya un debate parlamentario
27 oct 2025 . Actualizado a las 14:16 h.La viceportavoz primera del BNG en el Parlamento, Olalla Rodil, ha acusado esta mañana al Gobierno gallego del PP de utilizar la ley de acompañamiento de los presupuestos para ahondar «pola porta de atrás» en el vaciado de los organismos e instituciones clave para el autogobierno de Galicia que, insistió, son una garantía de salud democrática. «O PP de Rueda é dos máis autoritarios que vimos nos últimos tempos», denunció Rodil, quien puso el foco en que a través de esta norma se modifican 50 leyes y 15 decretos. La viceportavoz señaló directamente al presidente de la Xunta, que quiere controlar políticamente el Instituto Galego de Estatística (IGE) con una modificación que elimina la representación de la oposición y reduce la de colectivos sociales. Rodil también lamentó que se proponga restar poder en materia de transparencia a una institución estatutaria como la Valedora do Pobo, puesto que se plantea, denunció, quitarle competencias y control para entregárselo al Consello Consultivo de Galicia.
El Bloque también ha lamentado que se pretenda transformar la normativa relativa a las Medallas de Galicia para poder otorgársela a quien se quiera sin justificar lo más mínimo. Rodil ha relacionado esta modificación con la entrega de este galardón a la princesa Leonor en 2024, un premio, dijo, que no tuvo justificación alguna. «Así é como entende o PP a democracia, dunha forma absolutamente absolutista, até o punto de que non tolera nin ter que motivar unha simple medalla», denunció la viceportavoz, quien se refirió irónicamente a Rueda como el Rey Sol.
La viceportavoz del BNG rechazó asimismo el uso completamente abusivo que se hace de la ley de acompañamiento haciendo cambios para satisfacer «as ansias depredadoras da patronal e das grandes enerxéticas». Se refirió, en este sentido, a los cambios para dar un interés superior al proyecto eólico por encima de la protección del paisaje, contraviniendo la motivación jurídica que en muchas casos está utilizando ahora el TSXG para la suspensión cautelar de algunos de estos proyectos.