El Gobierno había pactado con Bruselas aplazar el cobro a cambio de fomentar el ferrocarril
24 may 2024 . Actualizado a las 17:57 h.La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción contra España y otros 15 Estados miembros por no haber incorporado a sus normativas la directiva comunitaria que estipula el uso de peajes en las autovías para financiar el mantenimiento y el desarrollo de la red viaria europea.
El Gobierno había pactado con Bruselas aplazar esta fórmula de pago, con la que se buscaba financiar las infraestructuras y reducir las emisiones, a cambio de que se promocionase el transporte ferroviario. Hace un mes, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, retomó esta posibilidad: «Como país tendremos que tomar una decisión: o pagamos con los impuestos o pagamos por uso, siendo conscientes de que si optamos por el método de pago por impuestos, no de peajes, nos encontramos con situaciones que son únicas en Europa», afirmó.
Ahora, Bruselas ha enviado una carta de emplazamiento —que es el primer paso en el procedimiento de infracción de la Unión Europea— a España, Bélgica, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Eslovenia y Eslovaquia. Según informó la Comisión Europea, estos países no comunicaron la plena transposición a su legislación nacional de las nuevas normas revisadas en la materia antes de la fecha límite, que fue el pasado 25 de marzo.
La directiva, que se adoptó originalmente en el año 1999, establece normas comunes sobre el pago de tasas mediante peajes (que se basan en la distancia) y viñetas (que se establecen en función del tiempo) por la circulación de vehículos en las autovías. Estas normas estipulan que los costes de construcción, explotación y mantenimiento de las infraestructuras pueden recuperarse mediante estos pagos.
En el 2022, las normas se modificaron para incluir a los turismos y los pequeños vehículos pesados y para ordenar la internacionalización de los costes externos ligados a la contaminación atmosférica. Así, la directiva introdujo un nuevo sistema que obliga a los Estados miembros a imponer pagos basados en las emisiones de CO2 de los vehículos pesados, una medida encaminada a descarbonizar el transporte de mercancías por carretera fomentando el despliegue de vehículos pesados con menores emisiones.
Los 16 países contra los que la Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción tienen ahora dos meses de plazo para responder a la carta de emplazamiento del Ejecutivo comunitario y completar la transposición de la directiva revisada. De lo contrario, la Comisión puede decidir emitir un dictamen motivado, que es el segundo paso en el procedimiento de infracción comunitario.