El BNG propone una ley de contratos públicos que impulse al tejido empresarial gallego
GALICIA
Ana Pontón asegura que cada año la Xunta mueve algo más de 8.000 millones de euros y cree necesario priorizar criterios sociales, medioambientales y que potencien a las pymes de Galicia
22 may 2024 . Actualizado a las 14:10 h.El Bloque ha anunciado este miércolas que llevará al Parlamento gallego una proposición de ley encaminada a mejorar los mecanismos de contratación pública de la Xunta, que mueve al año algo más de 8.000 millones de euros. Esas contrataciones públicas debe servir, según los nacionalistas, para potenciar al tejido empresarial autóctono y no para favorecer a grandes corporaciones con sede en Madrid y que, dicen en el Bloque, suelen llevarse la mayor parte del pastel. «Falamos da compra de alimentos para nutrir os comedores dos hospitais, das residencias de maiores ou dos centros educativos públicos; da compra de material sanitario, da licitación de servizos como a limpeza de edificios administrativos e falamos da contratación de obras», ha explicado Ana Pontón, quien considera que debe establecerse un nuevo marco que incluya criterios de adjudicación relacionados con las condiciones laborales, con la igualdad, con la sostenibilidad y con una mayor consideración hacia las empresas gallegas.
Esta propuesta del Bloque es resultado de la segunda reunión de su llamado gobierno alternativo, la estrategia que sigue para hacer oposición y que, inspirada en el parlamentarismo británico, intenta trasladar a la opinión pública qué harían los nacionalistas si estuviesen al mando de la Xunta.
La proposición de ley presentada por Ana Pontón incluye cláusulas de igualdad para incorporar la perspectiva de género en los procesos de contratación, fijando condiciones de ejecución relacionadas con la empleabilidad de las mujeres, formación en materia de igualdad, elaboración de protocolos de prevención del acoso sexual o la adopción de medidas de conciliación y fomento de la corresponsabilidad. En segundo lugar, cláusulas de carácter ambiental dirigidas a promover la compra pública ambientalmente sostenible, por ejemplo, a través de la adquisición de productos ecológicos y de proximidad. En tercer lugar, condiciones referidas a los derechos laborales. El BNG plantea que los pliegos de contratación incluyan requisitos que garanticen el cumplimiento de la normativa laboral; la reserva de una cuota mínima puestos de trabajo para personas con discapacidad; la subrogación del personal o, en el caso de la contratación con terceros, la obligación de cumplir las condiciones laborales. Según el BNG, esto tiene por objetivo de impedir que se repercuta el abaratamiento de los precios menoscabando las condiciones salariales y laborales de las personas trabajadoras.
La proposición incluye también cláusulas de inclusión sociolaboral de discapacitados, siguiendo la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de estas personas. Por ejemplo, se incorpora un artículo específico en materia de reserva de contratos dirigidos a centros especiales de empleo de iniciativa social y sin ánimo de lucro, con el objetivo de garantizar el acceso al trabajo de personas con discapacidad. El porcentaje mínimo será del 10% (tal y como recoge la legislación estatal).
Finalmente, el proyecto de ley incluye cláusulas de derechos lingüísticos que garanticen el uso normal y oficial del idioma gallego, tal y como dispone el Estatuto de Autonomía y la Ley de Normalización Lingüística.
«O segundo gran obxectivo desta lei é potenciar o tecido económico do país a través da compra e da contratación públicas, apostando polas pequenas e medianas empresas con capacidade innovadora e de xeración de emprego estábel. Trátase de acabar co monopolio das grandes construtoras e subministradoras de servizos con sede en Madrid, que acaparan a obra pública e a prestación de servizos en Galiza e, ao tempo, garantir o pleno respecto polos dereitos laborais», ha explicado Pontón.