La Xunta calificará de «interés público superior» los proyectos eólicos para facilitar su creación

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

ALBERTO LÓPEZ

Las leyes de acompañamiento de los Orzamentos incluyen decenas de modificaciones normativas que afectan a la energía, el suelo y los servicios sociales

20 oct 2023 . Actualizado a las 16:34 h.

El proyecto de presupuestos de la Xunta incluye un apartado de Leis de medidas fiscais e administrativas, o de acompañamiento, para modificar normativas y decretos de forma automática con la aprobación de las cuentas. Son decenas de correcciones, supresiones, cambios y adhesiones, en una práctica avalada por el Tribunal Constitucional, para adoptar medidas de naturaleza tributaria, como las rebajas fiscales en la declaración del IRPF o en distintas tasas, pero también incorpora otras de carácter administrativo.

El Gobierno gallego creará con este mecanismo la calificación de «interese público superior» a la planificación, construcción y explotación de los parques eólicos de competencia autonómica. Según fuentes de la Xunta, este paraguas recoge el marco creado por el reglamento europeo, en diciembre del 2022, para «acelerar o despregamento de enerxías renovables». Se incluirán aquí sus infraestructuras de evacuación para los procesos de autorización, construcción y puesta en funcionamiento. La declaración afectará a todos los proyectos iniciados entre el 30 de diciembre del 2022 -además de todos aquellos sin resolución definitiva en la vía administrativa- y el 30 de junio del próximo año, aunque se extenderá a los posteriores si así lo determina el Derecho de UE.

El objetivo de este marco, explican desde la Consellería de Economía, Industria e Innovación, es reivindicar la importancia de los proyectos de energía renovable por su impacto económico, social y empresarial. No solo para la atracción de nuevos proyectos industriales, apuntan, sino también para evitar o «risco de deslocalización» de las ya existentes, especialmente las electrointensivas.

La declaración implica la presunción de que las renovables «contribúen á saúde e seguridade públicas», recoge la exposición de motivos de la norma, por lo que se tendrá en cuenta como un «elemento relevante ao ponderar os intereses xurídicos de cada caso» a lo largo del proceso de planificación, concesión de autorizaciones y puesta en funcionamiento, salvo cuando existan pruebas en sentido contrario que acrediten que dichos proyectos tienen efectos adversos importantes sobre el medio ambiente y sobre el paisaje.

Fuentes del Gobierno gallego aclaran que la aplicación de este nuevo concepto no altera los actuales trámites administrativos ni modifica las evaluaciones medioambientales. La Consellería de Industria será la encargada de establecer un programa específico de seguimiento de los efectos de los parques eólicos en el medio ambiente para identificar «con prontitude» los posibles efectos adversos no previstos y llevar a cabo las medidas adecuadas para «evitalos».

Nuevos cambios en la ley del suelo y también en la del juego, aprobada este verano

Las leyes de acompañamiento también presentan modificaciones en normas acostumbradas ya a ser retocadas con este mecanismo. Es el caso de la Lei do solo de Galicia, del 2016, que acumula más de una decena de alteraciones desde entonces, sumará una duodécima en esta ocasión al introducir cambios, tanto en su redacción como en la inclusión, caso de la implantación de proyectos eólicos en suelo rústico. 

También hay correcciones en leyes que acaban de ser aprobadas. La normativa del juego, que entró en vigor en julio tras años de redacción y debate parlamentario, excluye al bingo cuando se celebra en residencias de mayores, asociaciones culturales y deportivas y en comisiones de fiestas, al considerarse «unha importante labor de entretemento e socialización das persoas maiores en zonas rurais nas que teñen moi limitado o acceso a actividades de lecer adaptadas a súa idade», expone el documento de los presupuestos.

Los cambios afectan a la normativa de transporte público de personas en vehículos de turismo para consolidar «a participación dos concellos na xestión da prestación de servizos VTC». El anexo a las cuentas introduce, además, la equiparación en el tratamiento fiscal de los matrimonios con las parejas de hecho.  

Otro de los elementos que incorpora es la modificación del decreto que regula las inspecciones de servicios sociales en Galicia, que se hace «con carácter urxente» para facilitar que un mayor número de funcionarios puedan desempeñar «o antes posible as función propias do persoal inspector de Servizos Sociais» aunque no posean el curso de capacitación para su desempeño. El texto recoge que se «valorará dita posesión previa» como mérito para poder acceder a estos puestos.