El Consello Económico e Social pide a la Xunta que aclare si su nueva normativa subirá el recibo del agua
GALICIA
En el dictamen sobre el anteproyecto reclama que no se cobre el canon de saneamiento en las zonas rurales que carecen de él
22 feb 2022 . Actualizado a las 05:00 h.El pleno del Consello Económico e Social (CES), el organismo consultivo de la Xunta donde están representados los sectores socioeconómicos de la sociedad civil, aprobó en la sesión del viernes pasado el dictamen sobre el anteproyecto de la Lei de mellora da xestión do ciclo integral da auga. Aprobado por mayoría y sin votos en contra, entra de lleno en la polémica sobre si algunas de las prescripciones de la nueva normativa pueden inducir a los concellos a subir la factura del agua, pues deben cofinanciar obras hidráulicas para mejorar la traída y el saneamiento. «En opinión do CES, a normativa debería clarificar se a aplicación dos canons supón un incremento da carga financeira que tanto os concellos como a cidadanía teñen que soportar», asegura el organismo, presidido por el exconselleiro Agustín Hernández, en una de sus once consideraciones generales.
En su momento, la Fegamp hizo un cálculo que auguraba hasta un 60 % de aumento en el recibo del agua. La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade negó tajantemente que fuera así e incluso se lanzó a demostrar que el cálculo estaría mal ejecutado, aparte de que el recibo del agua es competencia exclusiva de los municipios. En cualquier caso, el CES entra en otros asuntos relacionados con la factura. Así, recuerda que el actual marco legislativo permite cobrar un canon de abastecimiento o de saneamiento a aquellos que no disfrutan de estos servicios, especialmente en zonas rurales. Menciona, como ejemplo, las explotaciones ganaderas y agrícolas que cuentan con captaciones de agua propias. Todo este contexto, se asegura en el dictamen, «impacta principalmente no ámbito rural, onde sería preciso desenvolver políticas específicas para garantir o abastecemento de tódalas vivendas e actividades, pero o último que se precisa no ámbito rural galego é unha carga fiscal máis por un servizo que non perciben».
Suministro y calidad
También se considera «imprescindible» que la normativa garantice que parte de los importes recaudados por la prestación de estos servicios «revertan sempre na mellora do servizo e das infraestruturas necesarias para a súa prestación». En cualquier caso, el CES resalta que los gobiernos deben garantizar el suministro y la calidad del agua para el consumo a toda la población, «con independencia de se viven no rural ou en áreas urbanas, do grado de dispersión do asentamento, do tamaño da poboación onde resida e do nivel de renda das familias». En este sentido, el órgano consultivo ve positivos los objetivos del nuevo texto legal en lo referente a garantizar las necesidades básicas en el consumo, así como la protección de los recursos hídricos.
El Consello Económico y Social también ve necesaria «unha perspectiva o máis ampla posible» de la problemática del ciclo integral del agua. Así, echa de menos en el texto legal un análisis de todos los recursos hídricos disponibles, así como referencias a la gestión de las aguas pluviales y las escorrentías contaminadas. También echa en falta la participación de los distintos actores que tienen competencias o están relacionados con el ciclo integral del agua de cara a su planificación estratégica.
Infraestruturas aclara que no se va a cobrar «por ningún servizo que non se preste»
La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, de la que depende el organismo Augas de Galicia, aclaró ayer en un comunicado que el cobro de los servicios de suministro y saneamiento «realízase a través das ordenanzas municipais, cada concello coa súa», y que la futura ley del ciclo del agua no altera el régimen de competencias que consagra la autonomía municipal. Lo que plantea la normativa es que se ofrece a los concellos que sea Augas de Galicia la que se encargue de la gestión profesionalizada de estos servicios, especialmente de las depuradoras, pues generan muchos problemas en los municipios más pequeños. Eso sí, antes de asumir esa gestión se debe realizar una auditoría previa para conocer las carencias de la red. Las obras que se necesitan para mejorarla serían sufragadas de forma tripartita por la Xunta, los concellos y las diputaciones. Aquí entraría la tentación de sufragar esas obras con la subida del recibo.
En cualquier caso, el departamento que dirige Ethel Vázquez aseguró en su comunicado que el anteproyecto de ley no prevé, «en ningunha circunstancia, o cobro por parte de Augas de Galicia de ningún tipo de servizo non prestado». De hecho, aclaran que esta normativa no altera el régimen previsto en la Lei de Augas del 2010, en la que los usos agrícolas y ganaderos están exentos del pago del canon del agua siempre y cuando no causen contaminación.
