La Xunta penalizará a concellos con grandes fugas de agua en su red de abastecimiento
GALICIA
Si pierden más del 20 %, deberán pagar 0,29 euros por cada metro cúbico. El Gobierno gallego renuncia a crear un organismo de gestión similar a Sogama para este ámbito
06 ago 2021 . Actualizado a las 05:00 h.El anteproyecto de la Ley de Mellora da Xestión do Ciclo Integral do Auga, que acaba de iniciar su tramitación para ser remitido al Parlamento en otoño, incluye mecanismos disuasorios para fomentar un uso racional de los recursos hídricos, que se prevé que serán más escasos con el calentamiento progresivo del planeta por culpa del cambio climático, cuyos efectos ya se están notando en Galicia, con períodos secos mucho más largos. El proyecto normativo se enmarca en ese contexto climático para optimizar un recurso básico como el agua, de ahí que también se plantee penalizar a aquellos municipios con grandes pérdidas de agua en sus redes de abastecimiento. Además, se pretende crear un sistema de gestión sostenible, en una comunidad como Galicia con poblaciones dispersas, donde por razones obvias el abastecimiento y el saneamiento sale más caro que en las ciudades.
Para ello se crea un marco normativo que implica a todas las Administraciones con competencias en este campo -Xunta, diputaciones y concellos- y permitirá que aquellos municipios que lo soliciten podrán ceder la gestión de los servicios del ciclo del agua a Augas de Galicia, para lograr que sea más profesionalizada y adaptada a la normativa vigente. Aunque el plan inicial pretendía la creación de una sociedad similar a la que gestiona los residuos sólidos (Sogama), finalmente la Xunta ha decidido no crear más organismos y centralizar estas cesiones municipales en Augas de Galicia, un organismo que depende de la Consellería de Infraestruturas que con toda probabilidad deberá ser reforzado con más medios humanos y materiales para asumir este nuevo reto. La Sogama del agua se descartó finalmente por cuestiones de sostenibilidad económica y por la resistencia del Gobierno de Feijoo a crear nuevos organismos que generen más costes.
No obstante, la idea que se mantiene es la posibilidad de que los concellos cedan voluntariamente la gestión de esta área a la Xunta y que las diputaciones colaboren en la financiación de las obras que se consideren necesarias. Hay que recordar que Augas de Galicia ya gestiona directamente 28 depuradoras gallegas, lo que supone una aportación presupuestaria anual de 17,7 millones de euros.
En paralelo a este nuevo marco administrativo, el departamento que dirige Ethel Vázquez pretende generalizar la gestión eficiente de los recursos hídricos, penalizando a aquellos concellos con pérdidas de agua superiores al 20 % en sus redes de abastecimiento. A partir de ese porcentaje, los municipios deberán abonar 0,29 euros por cada metro cúbico perdido.
Esta norma da cumplimiento a la Lei de Garantías de Abastecemento, del 2019, que establecía un plazo de tres años para establecer un canon disuasorio para evitar estas fugas. «No se trata de una tasa con afán recaudatorio, sino para mejorar la gestión eficiente de los recursos. Tener fugas es malgastar el agua», explican fuentes de la Consellería de Infraestruturas.
Caudalímetros
Para que se puedan controlar estas fugas, la Xunta ha sacado una orden para instalar contadores-caudalímetros, para que así los concellos puedan ser conscientes del volumen de agua que gestionan y de las pérdidas que sufren. El objetivo es corregir a medio plazo las anomalías que presenta una red de abastecimiento antigua y que adolece de una evidente falta de mantenimiento, con el fin último de fomentar el ahorro de agua. La tasa entrará en vigor en enero del 2023.
Aunque pueda parecer que el margen del 20 % es muy amplio, fuentes de la consellería explican que en realidad no es así. «No lo consideremos un límite alto, hay muchos concellos que lo superan con creces. Además, no se está considerando solo fugas estrictas, sino también volúmenes de agua no contabilizados, como por ejemplo fuentes o riegos urbanos».
La nueva normativa reordena los tributos
Aparte de la penalización por las fugas, la futura ley no crea ninguna otra tasa nueva, sino que reordena las existentes en la actualidad, adecuando su denominación al servicio que se presta. Así, el canon de gestión de depuradoras sustituye al denominado «coeficiente de vertido», que se aplica a los usuarios de los concellos cuyas depuradoras son gestionadas por la Xunta a través de Augas de Galicia. La tarifa será la misma, y se seguirá aplicando en el recibo del agua.
Eso sí, el Gobierno gallego establecerá un caudal máximo de tratamiento en estas depuradoras. «Lo que exceda de ese caudal lo abonará el Concello, puesto que se entiende que es fruto de una mala gestión de las redes», explican fuentes de la Consellería de Infraestruturas.
La Xunta también cobrará el canon de gestión de las redes de colectores en aquellos concellos en los que asuma la gestión de esta infraestructura, y sustituiría a la tasa de saneamiento que cobran los ayuntamientos. Y hará lo mismo con el canon de gestión de abastecimiento, que se cobra a los concellos adheridos por el volumen de agua tratada para el consumo.
