Estima que Audasa logra así más dinero del que invirtió en Rande y Santiago
02 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Nuevo dictamen contrario a la gestión de la AP-9 y las prerrogativas que le han sido otorgadas a Audasa por anteriores ejecutivos de la Administración central. Tras el procedimiento infractor abierto por la Comisión Europea contra la prórroga de 25 años otorgada a la concesionaria de la autopista en el 2000, es ahora la Comisión Galega da Competencia la que cuestiona, con notable dureza, los incrementos extraordinarios en el precio de los peajes concedidos a Audasa.
El pleno del organismo adscrito al Instituto Galego do Consumo e da Competencia aprobó este jueves un informe en el que mantiene que la subida anual de un 1 % en los peajes además del IPC, concedida durante 20 años a la empresa para que recupere la inversión hecha en la ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago, proporciona a Audasa «un beneficio económico injustificado» y «una compensación excesiva». Competencia llega a manifestar en sus conclusiones que los fondos que la concesionaria va a recibir a través de ese 1 % extra «es muy superior a la que tendría que haber abonado por la financiación de esas obras a un operador de mercado». Es decir, que los usuarios le pagarán más a la concesionaria de lo que costaron las ampliaciones y su mantenimiento, y más también que si tuviera que cancelar un préstamo por importe de los 227,2 millones de euros en los que Audasa tasó las obras y expropiaciones. «Le otorga una ventaja indebida», apunta el pleno del organismo gallego de vigilancia de la competencia.
La misma institución avisa de que ese aumento del 1 % en el precio de los peajes, que fue aprobado en el 2011 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que entró en vigor en octubre del 2018 con el actual presidente, debiera haber sido comunicado a la Comisión Europea al ser en realidad «una ayuda estatal en forma de compensación a Autopistas del Atlántico», aunque pagadas por todos los usuarios del vial.
Destaca Competencia también el hecho de que el importe pendiente de recibir por Audasa de su adelanto para las obras de ampliación esté sometido a un interés del 8 %. Y además, el dictamen redactado el jueves incide en el realizado por la Comisión Europea al considerar que la misma ampliación del puente vigués y la circunvalación de Santiago deberían haber sido objeto de un concurso público específico, con «libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia y selección de la oferta más ventajosa».
Tampoco los aumentos en los plazos de la concesión en 36 años sobre los previstos en el contrato inicial son bien vistos desde el punto de vista de la competencia. «Las sucesivas prórrogas de los plazos de la concesión de la autopista AP-9 en Galicia no pueden ser bien valoradas desde el punto de vista de la competencia». Apunta que las concesiones siempre son en realidad un «monopolio legal», pero si se conceden prórrogas a mayores «se impiden la concurrencia de otros operadores, desaparece el mercado y la competencia en perjuicio de la propia Administración y de los consumidores».
La argumentación del pleno de la Comisión Galega da Competencia fue valorada ayer muy positivamente por la organización de consumidores En Colectivo, promotora del reciente dictamen de Bruselas contra las prórrogas de la autopista gallega y del pleito contra los peajes cobrados durante las obras de Rande. Su presidente, Diego Maraña, aseguró que «entre todos vamos a corregir los excesos permitidos a la concesionaria que tenemos que pagar todos los gallegos». Anima a los usuarios a sumarse a su plataforma para dar fuerza a sus acciones y reembolsar los peajes si así lo decide Bruselas.
El BNG pedirá en el Parlamento gallego rescatar la autopista tras el informe de la UE
El BNG ha registrado varias iniciativas en el Parlamento de Galicia y en el Congreso para solicitar no solo el rescate de la concesión de la AP-9, sino también que se repruebe la decisión de los gobiernos del socialista Felipe González y del popular José María Aznar de prorrogar dicha concesión en los años 1994 y 2000, respectivamente. Actualmente, la principal vía de comunicación de Galicia tiene su concesión pendiente hasta el 2048.
La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, contextualizó estas medidas solicitadas por su partido en la ilegalidad de ambas extensiones de la concesión. Y es que la semana pasada la Comisión Europea decidió emprender acciones legales por considerar que la prórroga acordada por el Ejecutivo de Aznar hasta ese año 2048 podía vulnerar el derecho comunitario. El Bloque insiste en que hay que anular ambas ampliaciones y rescatar la AP-9.
Este paso adelante de las instituciones europeas, a juicio de Pontón, abre «unha porta clarísima» a la supresión de la concesión, una dirección hacia la que «a Xunta e o Goberno central deben camiñar xuntas». «É unha cuestión clave de país para frear el agravio que ha significado esta autoestrada para Galicia», abundó Pontón.
