La Audiencia provincial confirma el archivo de la causa contra dos altos cargos del Sergas por las muertes de pacientes de hepatitis C

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En el centro de la imagen, los dos investigados, Carolina Gómez-Criado y Félix Rubial, a su llegada a los juzgados de Compostela, en una foto de archivo
En el centro de la imagen, los dos investigados, Carolina Gómez-Criado y Félix Rubial, a su llegada a los juzgados de Compostela, en una foto de archivo SANDRA ALONSO

Un juzgado ya había sobreseído el caso, en el que se les acusaba de homicidio imprudente por no facilitar ciertos tratamientos. La Audiencia de A Coruña ha rechazado ahora los recursos de apelación de la Fiscalía y la asociación de afectados

03 dic 2020 . Actualizado a las 18:31 h.

La sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha desestimado los recursos de apelación presentados por la Fiscalía y la Asociación de Afectados pola Hepatite C frente al auto de noviembre de 2019 en el que el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela decretó el sobreseimiento provisional de la causa y archivo de las actuaciones respecto al director de Asistencia Sanitaria, Félix Rubial (actual gerente del área sanitaria de Ourense), y a la subdirectora de Farmacia del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Carolina Gómez-Criado, en el momento de los hechos, quienes fueron investigados como presuntos responsables de delitos de homicidio por imprudencia grave profesional y prevaricación por, presuntamente, no facilitar el tratamiento a pacientes de hepatitis C

Los jueces, al igual que el instructor, consideran que no hay relación de causalidad entre los fallecimientos de los pacientes y los actos imputables a los investigados, pues sostienen que «no se aprecia indiciariamente la omisión de un deber de cuidado». Consideran que el fármaco no fue denegado a los pacientes, sino que se pospuso su autorización, y que no hay indicios de que no haber demorado la autorización del fármaco hubiera tenido algún efecto en los pacientes.

El medicamento en cuestión era el Sovaldi, que comenzó a administrarse en España en los años 2014 y 2015 de manera extraordinaria, en el conocido como uso compasivo, para pacientes en situación especialmente grave, al no estar aún plenamente admitido por la Agencia Europea del Medicamento. Fueron las comunidades autónomas quienes articularon protocolos para su dispensación, mientras el Ministerio de Sanidad no elaboraba un plan nacional. Los denunciantes achacaron a la administración dar prioridad a los criterios económicos en el reparto del medicamento, relacionando su limitación con los recortes, mientras que el Sergas alegó siempre criterios técnicos, como motivos clínicos y de seguridad.

«Debe reiterarse que desde que el médico que trata al paciente decide solicitar el fármaco hasta que le es administrado al enfermo hay un largo camino en el que la actuación de los investigados se ciñe al tramo entre la recepción de la solicitud en la subdirección general de farmacia y la aprobación del dictamen de la subcomisión», indica el tribunal, al tiempo que subraya que a los investigados no se les puede responsabilizar «de las situaciones previas o posteriores a tal entrada». 

La Audiencia indica que la priorización de los pacientes y las restricciones sobre las solicitudes del medicamento se produjeron «desde la perspectiva de que era próxima la cristalización de las gestiones sobre la financiación e inclusión del fármaco en la oferta del sistema de salud». Por ello, entiende que «no era una denegación, sino una posposición de la solicitud y eventual autorización hasta que concluyese el programa para el cual se había establecido la prioridad, con criterios técnicos, de un determinado grupo de pacientes». Los jueces, por tanto, concluyen que «no cabe estimar como constitutivo de prevaricación que la tramitación de las solicitudes tuviera como referencia esas pautas progresivamente más amplias, reiterándose que en todo caso estaríamos ante una posposición en la tramitación y no ante una denegación de la autorización del tratamiento».