El PSdeG sugiere ahora resolver el impago del IVA en la tramitación de los presupuestos

El BNG aplaude abiertamente el recurso judicial de la Xunta, una vía que también tomará el Gobierno de Andalucía


Santiago / La Voz

El frente judicial que se dispone a abrir la Xunta con el Gobierno central para poder cobrar la recaudación del IVA que le adeuda el Estado, unos 200 millones de euros, no solo es observado con interés por otras comunidades autónomas con el mismo problema, sino que recibió el apoyo de algunas fuerzas de la oposición, con el BNG a la cabeza, que llevaba meses reclamando ese recurso. Y a la par, también está obligando a los socialistas gallegos a modular un poco su posición, pues si el martes respaldaban abiertamente a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuando dijo que la liquidación del IVA pendiente ya no se podría resolver porque el plazo había prescrito, ahora piden «artellar mecanismos» que permitan resolver el conflicto en el marco de la tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado.

El diputado y vicesecretario general del PSdeG-PSOE, Pablo Arangüena, fue el encargado este jueves de invocar esta solución. Aunque insistió en que el «embrollo» del IVA lo generó en el 2017 el ministro del PP Cristóbal Montoro, y en que el Gobierno de Pedro Sánchez está «cumprindo coa legalidade» en este asunto, dijo en declaraciones a la Radio Galega que hay dos posibles vías para solucionar el problema. Una sería la que planteó el pasado lunes el propio líder del PSdeG, Gonzalo Caballero, que consiste en aguardar a que se reforme el sistema de financiación autonómica para arbitrar algún tipo de compensación para las comunidades por la merma de recursos que sufrieron.

A mayores, Arangüena habló de aplicar el «sentido común» y del mismo modo que el frustrado proyecto de Presupuestos del Estado para el 2019 planteaba una vía para liquidar el IVA pendiente, se podría habilitar algún tipo de mecanismo en las nuevas cuentas que el bipartito de Pedro Sánchez pretende impulsar hacia el verano.

Esa opción ni siquiera fue plantada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que hace solo dos días subrayó que con el IVA pendiente ya no hay nada que hacer, que eses recursos ya no existen, toda vez que el plazo para hacer la liquidación había prescrito. El número dos del PSdeG dijo desconocer si desde Hacienda se está o no «artellando algún mecanismo» de solución, pero dejó esto claro: «Hai que buscar unha solución a este problema», al tiempo que no le auguró «un gran recorrido» al recurso que prepara la Xunta.

Sobre el frente judicial Santiago-Madrid también se pronunció el BNG, a través de su viceportavoz parlamentaria, Olalla Rodil, que aplaudió que el Gobierno gallego «rectificara» su posición y que decidiese hacer lo que el Bloque le estaba diciendo, que es interponer un recurso judicial para defender los intereses de los gallegos.

Ahora bien, la dirigente nacionalistas considera que el recurso no basta, pues puso de relieve que el sistema de financiación autonómica que existe ahora mismo es «inxusto e insuficiente», pues no aporta los recursos que necesitan los ayuntamientos gallegos que, dijo, perciben hasta 50 euros menos por persona que el resto.

En relación a este asunto, el Gobierno andaluz, formado por el PP y Ciudadanos, también ha tomado este hueves la decisión de llevar al Gobierno central a los tribunales por el impago de una mensualidad de IVA del 2017, cifrada en 537 millones de euros. La decisión fue anunciada, al término del Consejo de Gobierno, por el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, quien ha indicado que el asunto está ahora en manos de los servicios jurídicos de la Junta, que tendrán que determinar la vía judicial exacta.

Aclaró el consejero que esta decisión se ha tomado después de que Gobierno central haya cerrado con «un portazo» las llamadas al diálogo que ha hecho la Junta para tratar de resolver este asunto. Ha indicado que es «inaceptable» que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya llegado a decir que esos 537 millones «no existen y que han desaparecido».

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